Juzgan por estafa en 2021 a una exedila de Láncara

ACUSACIÓN POR FALSEDAD DOCUMENTAL

La Fiscalía solicita 2 años y 6 meses de cárcel para Begoña López, exedila de Láncara, y para su padre

Begoña López, con el alcalde Darío Piñeiro, cuando era concejala. | Europa Press

Begoña López, exedila de Láncara, acusada de estafa y falsedad de documento, negó ante el juez que manipulase ningún archivo y alegó que no tiene “conocimientos informáticos” suficientes para hacerlo. El juicio contra la exedila y su padre quedó visto para sentencia tras la segunda sesión, en la que declaró uno de los testigos y la denunciada, ya que su padre se acogió a su derecho a no hacerlo.

Los hechos se remontan a 2021, tras la denuncia de un constructor que realizaba obras en la vivienda familiar y que alertó de un supuesto impago acompañado de justificantes bancarios presuntamente manipulados. Según la acusación, ella, de 39 años, y su padre, de 66, realizaron una transferencia de 2 euros para generar un documento PDF con una orden de pago que después habría sido alterada para que figuraran 39.272 euros.

Al ver el documento, la víctima creyó que el pago se había efectuado y continuó con los trabajos, valorados posteriormente en 46.338 euros. Durante el juicio, el constructor explicó que, al reclamar el dinero, los acusados atribuyeron lo ocurrido a un error bancario. Días después, una mujer que se identificó como trabajadora del banco llamó para reforzar esa versión, aunque posteriormente se determinó que la llamada se realizó desde un teléfono del concello.

Un tractor

A ambos se les atribuye también una acción similar con la compra de un tractor. Según la acusación, entregaron un documento en el que figuraba un pago de 10.002 euros, aunque solo se ingresaron 2 euros. En este caso no se reclama indemnización porque el propietario recuperó el vehículo tras una avería.

El dueño del taller declaró que el tractor fue entregado antes de recibir el supuesto justificante de pago y responsabilizó únicamente al padre, quien firmó un precontrato de compra. La exedila sostuvo que ya habían comunicado que no se quedarían el vehículo por sus problemas mecánicos.

La Fiscalía solicita 2 años y 6 meses de prisión para los acusados y una indemnización de 46.338 euros, mientras que la acusación popular eleva la cuantía hasta 61.000 euros.