Ourense lidera la inversión por habitante en los Presupuestos de la Xunta de 2027

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, que alcanzan la cifra más elevada de la historia con 15.158 millones de euros. Diseñadas sin recurrir a un nuevo endeudamiento por cuarto año consecutivo y financiadas en su totalidad con recursos ordinarios, las cuentas autonómicas ponen el foco en el alivio de la carga fiscal de los gallegos, la mejora de los servicios públicos y la competitividad empresarial.

El impacto de estas cuentas en la provincia de Ourense será especialmente notable. El gasto territorializado del Gobierno gallego destinará 1.848 millones de euros a la provincia. Esto se traduce en una inversión de 6.040 euros por habitante, superando a Lugo y situándose como la provincia gallega con la mayor cifra de gasto per cápita.

Uno de los apartados más determinantes para el tejido municipal ourensano es la partida destinada a las entidades locales, que escala hasta los 661 millones de euros. Dentro de este paquete, el Fondo de Cooperación Local sobrepasará por primera vez la barrera de los 200 millones al situarse en 203 millones de euros. Esta subida del 8,4 % aportará 16 millones extra respecto al ejercicio anterior para garantizar una mayor inyección de liquidez en los concellos.

En el plano tributario, la Xunta aplicará nuevas rebajas fiscales, destacando una reducción de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF. Esta medida tiene carácter retroactivo a enero de 2026 y busca proteger el poder adquisitivo de las familias frente a la inflación. Asimismo, para facilitar el relevo generacional y apuntalar el tejido productivo local, se amplía la reducción del 99 % en el Impuesto de Sucesiones (ISD) en la transmisión de empresas familiares o negocios profesionales a parientes de hasta tercer grado de afinidad y a los propios trabajadores de la plantilla.

En materia de vivienda, clave para fijar población en el territorio, el presupuesto facilita el acceso rebajando la cuota de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD) al 1,2 % para operaciones destinadas a la promoción y construcción, estableciendo además una deducción del 100 % de la cuota para las operaciones de vivienda protegida.

Finalmente, el Ejecutivo consolida su refuerzo sobre los servicios esenciales. El gasto social superará por primera vez los 11.000 millones, alcanzando un total de 11.343 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,1 % destinado a sanidad, educación, promoción social y empleo.