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Propuesto como perito por la plataforma ciudadana 'Nunca Máis', Louzán, capitán de la marina mercante y profesor de la Universidad de A Coruña (UDC), ha declarado esta mañana en el juicio que evalúa los daños medioambientales causados por el hundimiento del 'Prestige' en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas.
Durante su declaración ante el tribunal, Louzán ha subrayado que la mejor opción tras el accidente hubiese sido la de llevar el 'Prestige' hasta Corcubión y ha recordado que el día 14 el buque se encontraba a 18 millas, por lo que podría haber llegado en unas nueve horas tras tomar remolque.
Al respeto, ha recalcado que, 'aunque con daños', el estado estructural del 'Prestige' el día 14 era 'bueno' y ha subrayado que si el petrolero se hubiese llevado a Corcubión 'con toda seguridad se habría salvado el buque y la carga y se hubiese evitado la contaminación de 2.900 kilómetros de litoral en España, Portugal y Francia'.
Ha insistido en que el rumbo noroeste 320-330 que tomó el barco tras el accidente a instancias de las autoridades españolas 'era el peor que se podía elegir' porque llevaba el barco directamente hacia el temporal y, además, debilitaba su estructura.
El juicio del 'Prestige' lleva varias semanas analizando las pruebas periciales encargadas por las distintas partes personadas en la causa.
El Ministerio Fiscal reclama por la 'marea negra' provocada por el hundimiento del 'Prestige' indemnizaciones por los daños causados que suman 4.442 millones de euros.
Están acusados en este proceso el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia, los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas.
En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.
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