El Supremo rebaja a cuatro años la condena a la extesorera de Audasa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó la pena a cuatro años de cárcel -era de seis años y cinco meses- a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia, en donde ejerció entre octubre de 2008 y enero de 2019, por apropiarse de 1,2 millones de euros. En un fallo dado a conocer por el Supremo ayer, la Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye la continuidad en el delito de estafa, apreciada por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De tal forma, la condena a cuatro años se impone por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.

La Sala mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, por lo que la condenada tendrá que abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. De esa cantidad responderá solidariamente con la condenada, y hasta el límite de 614.377 euros (50% de lo defraudado), su marido, quien fue también enjuiciado y al que se consideró “partícipe a título lucrativo”.

La sentencia explica que en los hechos probados se describe como la acusada, “aprovechando la posición confiada de gestión contable y tesorería, entre los años 2011 y 2018 transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas- desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió”. Señala la Sala que del relato fáctico se desprende que “la acusada aprovechó la posición confiada a la misma de gestión contable y tesorería, lo que implica ese plus añadido de culpabilidad que exige la agravación, a sumar a la ilicitud propia del tipo base, una mayor gravedad con acento en la violación del crédito y la gran confianza en las propias cualidades profesionales de la misma”.

Conductas falsarias

El tribunal considera que se trata de “conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles, órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que Audasa y Autoestradas remitían a los bancos, aunque modificando la cuenta de destino por la numeración de la que tenía en Ibercaja, en definitiva, transferencias bancarias ordenadas por la acusada en nombre de las empresas perjudicadas que remitía a las entidades financieras en formato PDF desde el correo electrónico de Audasa, generando por ello un grado elevado de confianza, que sin duda afectaban al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil, figurando como beneficiarios aseguradores como AXA, Allianz, Zurich, Mapfre o proveedores habituales de las empresas perjudicadas”.