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El Tribunal Constitucional resolverá el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra sobre la posible vulneración de su derecho a la tutela judicial en el proceso de prórroga de la concesión de la planta de Ence.
La alcaldesa de Pontevedra en funciones, Eva Vilaverde, comparecido ayer en rueda de prensa para anunciar que se había recibido la providencia del alto tribunal comunicando la admisión a trámite del recurso de ampar, contra la sentencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad de la prórroga otorgada a la fábrica pastera de Ence para que permanezca en Lourizán hasta 2073.
La administración local había presentado este recurso de amparo en septiembre de 2023 y, según indicó, esta decisión judicial “confirma” su postura y supone que el procedimiento legal contra Ence “sigue abierto”.
Eva Vilaverde apuntó que para el gobierno local del BNG esta admisión era importante toda vez que considera que la prórroga “claramente irregular” no “deja de ser una gamberrada” por, según argumentó, la falta de justificación de su actividad en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, la vulneración de las directrices europeas, al hacerse sin ningún tipo de concurso, “y porque claramente se infringió el procedimiento” sin tener en cuenta ni pedir ningún tipo de informe municipal.
Para el gobierno local de Pontevedra “este ayuntamiento y sus vecinos recibieron un trato de indefensión” porque el Tribunal Supremo no estudió ninguna de estas causas, por lo que también considera este recurso “una cuestión de dignidad”. Eva Vilaverde subraya que el Constitucional reconoce que el asunto tiene “especial trascendencia” al afectar a un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina.
En la providencia enviada a las partes, la sección tercera de este tribunal ordena al Supremo y a la Audiencia Nacional que le remita toda la documentación. El gobierno municipal ve “claras” tres posibles opciones, entre ellas la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la permanencia de Ence o que se tengan que examinar todas las alegaciones. En el caso de que el Constitucional emita una sentencia desfavorable, el concello anunció que recurrirían al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
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