Las urbes gallegas apuran la ejecución de zonas de bajas emisiones

Las grandes ciudades gallegas avanzan de forma desigual en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en sus centros urbanos, con Pontevedra y Ourense a la cabeza con esta medida ya en marcha, mientras que otras como Vigo o Lugo todavía no tienen confirmada ninguna fecha. La ley de transición energética estableció en 2021 la obligación de crear zonas de bajas emisiones antes de 2023 en municipios de más de 50.000 habitantes de toda España.

La idea es restringir el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pese a ser obligatorias desde 2023, muchas ciudades no las implantaron, estableciéndose una moratoria que termina el 1 de enero de 2026. Así, algunas ciudades gallegas están acelerando su implantación para llegar a tiempo a esta nueva fecha. Ourense acaba de ponerla en marcha, lo hizo el día 26 e diciembre.

En concreto, la zona de bajas emisiones de Ourense Centro está operativa en una primera fase sin sanciones, aunque se enviarán avisos informativos. Las multas llegarán a partir del mes de julio de 2026 y se penalizará a los coches sin etiqueta medioambiental (ya sea B, C, ECO o CERO) que accedan a su interior. Además, de cara a 2029, el Concello ampliará la zona de bajas emisiones a otras calles.

Modelo pontevedrés

El caso de Pontevedra es “un modelo diferente a todos los existentes en España”, según reivindica el propio Concello. Así, tiene declarada toda la zona urbana de bajas emisiones, pero sin restricciones de entrada por etiquetas de los vehículos. “Todo ello debido al modelo urbano que se ha implantado en la ciudad en los últimos 25 años, con un tráfico muy reducido en todas sus calles y vías. Consecuentemente, no hay sanciones ni hay días ni horarios de restricciones. Tampoco hay excepciones”, apuntan fuentes municipales.

Así, las zonas ya implantadas de tráfico reducido, absorben las zonas de bajas emisiones que exige la ley ya que “consiguen todos los objetivos” que engloban estas últimas.

En Lugo, el Concello asegura que la implantación de su zona de bajas emisiones se encuentra en una “fase avanzada”, tras haber sido aprobada la ordenanza reguladora por la junta de gobierno local. Ahora, se está tramitando su aprobación inicial. La zona se configura como un espacio de tráfico “muy limitado y regulado”, en el que el acceso de vehículos se permite en función del uso y la necesidad (residentes, comerciantes, arrendatarios de plazas de garajes...), y no exclusivamente en función de las etiquetas ambientales. “Lugo cumple ya en la actualidad los criterios de calidad del aire, incluso antes de la implantación de la ZBE, por lo que esta actuación responde a una estrategia de anticipación y planificación, alineada con la normativa estatal y europea y orientada a preparar la ciudad para los retos futuros de movilidad y sostenibilidad”, insiste el gobierno municipal. El proyecto prevé cámaras para controlar los accesos y sanciones de 200 euros para aquellos que accedan sin permiso.

Santiago y A Coruña implantaron hace ya tiempo las limitaciones

En Santiago, el propio Concello reconoce que la zona de bajas emisiones no supone muchas más restricciones de las que ya existen actualmente, porque le afecta fundamentalmente al caso histórico, “donde ya hay muchos límites de acceso”. Allí, no dependerá de etiquetas ambientales, porque no se permite circular salvo carga y descarga o residentes. Para ello, se ha aprobado ya una modificación de la ordenanza de circulación para completar la regulación de la zona de bajas emisiones en el casco viejo.

A Coruña también ha optado por la opción de peatonalizar ciertas calles de la ciudad y no imponer restricciones de acceso por tipo de vehículo en zonas de bajas emisiones. “Lo que hay son zonas que se han peatonalizado restringiendo todo tráfico salvo transporte público”, explican desde el consistorio.

Vigo, por su parte, ultima sus zonas de bajas emisiones, que serán un total de cuatro y estarán ubicadas en el centro de la ciudad, en la Plaza de Portugal y en los barrios de Calvario y Bouzas. Pese a que el proyecto sí contempla multas de hasta 200 euros, el alcalde, Abel Caballero, ha subrayado que la intención no es sancionar. “Tiene que haber una continuidad lógica. La entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones no puede ser desproporcionada”, insisten desde el Concello.

Ferrol, por su parte, pretende implantar su zona de bajas emisiones en dos fases, afectando primero al Ferrol Vello y, posteriormente a A Magdalena. Pese a todo, por ahora no hay fecha exacta para su llegada.