Uruguay demandará al astillero vigués Cardama

El Gobierno de Uruguay canceló un contrato para la fabricación de dos patrulleras de vigilancia oceánicas tipo OPV (offshore patrol vessel) por alrededor de 82 millones de euros debido a, según alegó el Ejecutivo del país sudamericano, los “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado”. Según explicó el Gobierno de Uruguay en una rueda de prensa, Cardama debía presentar una garantía de “fiel cumplimento” de la licitación que equivalía al 5% del contrato total de la obra (en torno a 4,1 millones de euros). Es decir, que si Cardama no cumplía con el contrato, el Gobierno de Uruguay podía ejecutar la garantía y recibir ese importe.

“Eso no se cumplió y se fueron solicitando prórrogas”, detalla el Ejecutivo sudamericano en un comunicado, en el que añade que “los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante, porque el primer barco iba a estar construido en 18 meses”. En concreto, Uruguay envió a su embajador en Reino Unido para ejecutar esa garantía en las oficinas de Eurocommerce, la entidad financiera con la que el astillero vigués constituyó el mencionado aval, sin embargo, en el lugar tan solo había una inmobiliaria.

A ello se suma que, según los informes que maneja el país, la compañía se encuentra en “liquidación por inactividad”, que no figura en los registros como una empresa financiera y que parte de la información en su web es “engañosa”. Sobre este punto, fuentes de Cardama apuntan que hablaron con el mencionado banco y que este les confirmó que cambió su dirección en Reino Unido. “Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría”, argumentó el Ejecutivo sudamericano, que indicó que prevé iniciar acciones “administrativas, civiles y penales”.

“En todo este tipo de contratos, las garantías se presentan, se dan para incumplimientos de contrato. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna comunicación de incumplimiento de contrato”, relataron fuentes del astillero Vigués. En este contexto, la intención de Cardama es sentarse a negociar con el Gobierno de Uruguay porque, a su juicio, “no tiene ningún sentido que el contrato se rompa”. “Otra cosa es que haya otros intereses que desconozcamos”, apuntaron las fuentes consultadas.