Venezolanos exigen agilizar los cambios en la residencia en Galicia

España deja de conceder y renovar residencias humanitarias vinculadas a solicitudes de protección internacional desde este pasado viernes, 12 de junio. La medida afecta, en su mayoría, a los emigrantes venezolanos, históricamente el grupo migrante que más uso hacía de estos permisos. Si bien están de acuerdo con que se modifiquen las autorizaciones, piden “celeridad” en los trámites.

En Galicia, la comunidad venezolana ronda las 22.000 personas. Miles de ellas contaban con este permiso, que funciona como una autorización excepcional. Se otorgaba cuando la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) denegaba la solicitud de asilo y la protección subsidiaria, pero determinaba que existía un riesgo grave para la persona si regresaba a su país.

Permitía residir y trabajar en España legalmente durante un año y podía renovarse automáticamente si el Ministerio del Interior -de quien dependen estos trámites- entendía que las condiciones de peligro humanitario en el país de origen continuaban vigentes.

Con todo, los beneficiarios tenían la opción legal de modificar este permiso excepcional hacia una autorización de residencia y trabajo ordinaria, siempre que contasen con un contrato laboral o acreditasen medios económicos suficientes.

Opción óptima

Esta siempre fue la opción “óptima”, explican desde la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), si bien reconocen que muchos de los beneficiarios se quedaban con las prórrogas de las razones humanitarias para no enfrentarse a la burocracia. Así, desde Fevega respaldan la medida, que se enmarca en la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, una normativa impulsada por la Unión Europea para unificar los criterios de migración y asilo entre los Estados miembros. El nuevo reglamento europeo obliga a diferenciar entre la protección internacional y los permisos humanitarios nacionales.

Si bien avalan la iniciativa y reconocen “estar a tope” con el asesoramiento, también son críticos con partes del desarrollo. Alertan de que las resoluciones ya iban muy atrasadas y este cambio, sumado a la regularización extraordinaria, lo único que va a hacer es retrasar todo “mucho más”.

De hecho, desde la asesoría técnica de la asociación apuntan que tienen a unos 20 personas con la regularización pedida “a las que les acaba de llegar aprobada las razones humanitarias, pedidas hace dos o tres meses”.

Estos retrasos “alteran” a los solicitantes. “Aseguraban que en 15 o 20 días te iba a llegar un permiso inicial para trabajar y no es así”, critican. A este respecto, alertan de los bulos que crecen en las redes sociales. “Hacen mucho daño”, apuntan. Lamentan que ya han tenido casos de personas que llegan a la asociación defendiendo que alguien en alguna red social les promete el permiso “prácticamente al instante”. Por eso, aprovechan para hacer un llamamiento y recordar recurrir siempre a los cauces oficiales y “no fiarse de anuncios y bulos de Internet”.