La Xunta ve viable la planta de Altri y la deja en manos del Gobierno

MEDIO AMBIENTE

El Ejecutivo gallego da el visto bueno ambiental a la industria de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei, pero Madrid deberá autorizar la construcción de una subestación eléctrica para abastecerla

Publicado: 14 mar 2025 - 13:20 Actualizado: 01 oct 2025 - 18:25
Las conselleiras de Medio Ambiente y Economía, Ángeles Vázquez y María Jesús Lorenzana.
Las conselleiras de Medio Ambiente y Economía, Ángeles Vázquez y María Jesús Lorenzana.

La Xunta de Galicia ha dado luz verde al proyecto de Greenfiber, la sociedad conjunta de la papelera portuguesa Altri y la energética gallega Greenalia, para construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei (Lugo).

La declaración de impacto ambiental, publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia, es favorable, aunque está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos técnicos. El proyecto, considerado estratégico, también depende de la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica para la construcción de una nueva subestación eléctrica.

El complejo industrial se extenderá a municipios vecinos como Melide, Santiso y Agolada, y se espera que impulse el sector industrial y energético en la región.

Rueda pide "respeto en los técnicos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a pedir "respeto a los técnicos" que emitieron los informes para que la declaración de impacto ambiental del proyecto fuese favorable.

Así, el máximo mandatario autonómico mira ahora hacia el Gobierno. "Le toca ahora al Gobierno central mover ficha. Decía que en función de si los informes eran favorables o no actuarían en consecuencia con respecto a la financiación y a la conexión eléctrica necesaria", ha señalado.

En declaraciones a los medios este viernes en una visita a la UCI del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Alfonso Rueda ha destacado que la "hoja de ruta" de su ejecutivo con este proyecto "era clara".

Alfonso Rueda, en el Hospital de Ourense.
Alfonso Rueda, en el Hospital de Ourense.

Pontón llama a la movilización

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "bomba ambiental" el proyecto de Altri ha anunciado una batalla "política, social e legal" para frenarlo.

Pontón considera que la Xunta ha consumado una "traición a Galicia" al anteponer los intereses de la empresa a los de la comunidad, poniendo en riesgo "8.000 puestos de trabajo" y el desarrollo económico de la zona

El BNG llama a la ciudadanía a movilizarse contra la "macrocelulosa contaminante" y ha instado al Gobierno central a no conceder los 250 millones de euros en fondos europeos que necesita la planta. Pontón ha comparado el impacto ambiental del proyecto con el desastre del Prestige y ha rechazado lo que considera una imposición de un "modelo industrial del Franquismo".

Besteiro afirma que la resolución "no despeja" las dudas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, considera que la resolución de la Xunta "no despeja" las dudas sobre el proyecto "no sólo en el aspecto ambiental, sino también en el social y económico".

Para Besteiro, destinar la mencionada cantidad de fondos públicos sería una "irresponsabilidad absoluta", ya que podría "hipotecar recursos fundamentales para Galicia".

El secretario xeral se preguntó si Galicia puede permitirse destinar tal suma a una empresa que no garantiza un futuro solvente, además de criticar la "rapidez" con la que la Xunta aprobó los informes ambientales para que el proyecto avanzara, algo que considera "inusual" en comparación con otras iniciativas industriales.

El presidente de la Diputación de Lugo acepta el informe

El presidente socialista de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha aceptado el informe de viabilidad ambiental de la Xunta, aunque ha planteado dudas sobre su viabilidad económica, tanto al gobierno autonómico como a la empresa.

"Siempre dije que aceptaría lo que dijeran los técnicos", señaló Tomé, quien aunque respeta los informes, aclaró que aún quedan "varias dudas por despejar".

El presidente expresó tres puntos de "inquietud", destacando que el proyecto es "menos social de lo que se dijo", ya que el empleo será inferior al prometido y, por ende, sus beneficios sociales también lo serán.

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