La Xunta prima diputaciones y relega a parroquias y comarcas

El anteproyecto de ley de administración local de Galicia diseñado por el Gobierno que dirige Alfonso Rueda plasma su apuesta por “reforzar” el papel de las diputaciones provinciales, cuyas competencias propias “clarifica”, mientras pasa página “administrativa” de figuras como las comarcas y parroquias, al entender que “carecen de sentido” en términos de organización territorial.

Una comparativa entre la norma en trámite de audiencia pública y la ley a la que sustituirá, que data de 1997, evidencia la apuesta de la Xunta por la provincia y las diputaciones, con un amplio capítulo relativo a las competencias propias.

El borrador de la norma incide en que las diputaciones provinciales “reforzarán” los servicios de asistencia jurídica, económico-financiera y técnica a los municipios, y que “garantizarán con personal propio” la elaboración de dictámenes jurídicos y la representación procesual en juicio.

También se recoge el asesoramiento económico-financiero, la elaboración de informes técnicos urbanísticos y se establece que esta asistencia será obligatoria en municipios en reto demográfico que lo soliciten y preferente en localidades con menos de 20.000 habitantes.

Sin sentido territorial

El listado de competencias propias de las diputaciones alcanza la decena de puntos y el anteproyecto apuesta además por el impulso de las mancomunidades y nuevas fórmulas de cooperación municipal. En contraste, no se menciona la parroquia y la comarca solo aparece en la disposición que deroga la ley de desarrollo comarcal de 1996.

La actual ley gallega de administración local sí recogía el papel de las comarcas y anticipaba una norma específica para las parroquias rurales como entidades con autonomía patrimonial, una regulación que nunca llegó a aprobarse.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, explicó que el modelo territorial fue “meditado” y “debatido”, defendiendo que parroquias y comarcas “carecen de sentido” en la organización actual. Subrayó además la voluntad de reducir subdivisiones territoriales y ratificó la apuesta del Ejecutivo por “potenciar la provincia” y las mancomunidades.

Gobierno bipartito

Aunque es el Ejecutivo de Rueda el que deroga ahora la ley comarcal, fue el Gobierno PSdeG-BNG (2005-2009) el primero en impulsar cambios para desligar a la Xunta de la financiación de las fundaciones comarcales. El entonces conselleiro José Luis Méndez Romeu ya advertía de que estas entidades no habían cumplido sus objetivos.

Desde 2008 su actividad es casi inexistente y fue finalmente un Gobierno del PP, presidido por Alberto Núñez Feijóo, el que decretó su disolución definitiva en 2010, tras prometer acabar con los llamados “chiringuitos”.

Participar en presupuestos provinciales

La norma sí contempla y regula las entidades locales menores, dado que hay varias en Galicia, pero Prieto insiste en que el futuro debe pasar por una organización administrativa que tienda a superar la multiplicidad de “subdivisiones territoriales”. Más novedades de la futura ley de administración local, argumenta la directora xeral, van en ese camino, como las agrupaciones municipales para compartir personal -cualquier plaza de funcionario o personal laboral fijo, dado que hasta ahora esta vía se limitaba a “compartir” habilitados nacionales, esto es, secretarios, interventores o tesoreros-. En cuanto al refuerzo del papel de las diputaciones, Prieto defendió que “no se les suman funciones” pero sí se “clarifican” con el objetivo, además, de “unificar” las formas de proceder en las distintas instituciones provinciales. Su deber de “asistir” a los municipios queda “claro” en una norma de la que Prieto destacó otras novedades “importantes” como por ejemplo la regulación de la participación municipal en la elaboración del presupuesto provincial.