El Congreso da un nuevo paso para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española

La Comisión de Justicia del Congreso acaba de aprobar el dictamen de la proposición de ley que permitirá acceder a la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental durante el periodo en que el territorio estuvo bajo administración española, así como a sus descendientes. Con este trámite, la iniciativa queda lista para su debate y votación definitiva en el Pleno, previsiblemente en el primer periodo de sesiones tras el verano.

Impulsada por Sumar, la propuesta podría beneficiar a unas 80.000 personas, según las estimaciones de la formación. El texto ha sido fruto de un acuerdo alcanzado con el PSOE tras varios meses de negociación y modifica algunos aspectos de la iniciativa registrada inicialmente.

La ley establece que la condición de beneficiario podrá acreditarse mediante documentación como el antiguo Documento Nacional de Identidad español, aunque haya caducado; certificados de nacimiento; libros de familia; certificados de escolarización; documentos relativos a pensiones o asistencia sanitaria; o el recibo de inscripción en el censo elaborado por Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental.

Durante la negociación, el PSOE introdujo una modificación para excluir como medio de acreditación los documentos expedidos por el Frente Polisario, al considerar que no se trata de una autoridad oficialmente reconocida por España.

La futura norma también contempla que la solicitud de la nacionalidad pueda presentarse de forma gratuita durante un plazo de tres años desde su entrada en vigor, que se producirá seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La iniciativa ha permanecido más de un año bloqueada en el Congreso antes de reactivarse este año. A finales de junio, la ponencia aprobó una transacción pactada entre PSOE y Sumar con el respaldo de los socios habituales del Gobierno, mientras que Junts se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Tras superar ahora el trámite en la Comisión de Justicia, la proposición de ley será elevada al Pleno del Congreso en septiembre. Si recibe el respaldo de la Cámara Baja, continuará su recorrido parlamentario en el Senado antes de su aprobación definitiva.