Embargan a Cristina Kirchner y su testaferro bienes valorados en 422 millones

Un tribunal argentino ha solicitado este martes el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del caso Vialidad -una de las causas por corrupción en las que está implicada la exmandataria- en una orden que incluye un inmueble a su nombre y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de las propiedades del empresario Lázaro Báez -adjudicatario de innumerables obras de infraestructura en el sur de Argentina y considerado testaferro de la familia Kirchner en la sentencia judicial- y de su empresa.

El Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires ha pedido, de este modo, confiscar bienes por un valor que alcanza los 422 millones de euros, pese a que la exmandataria cuestionó esta medida la pasada semana, argumentando que la fecha de compra de la mayoría de ellos era muy anterior a la existencia de la causa y de los hechos denunciados. En total, se trata de 20 propiedades que la familia de Cristina Kirchner perderá, de las cuales todas menos una están a nombre de los hijos de la expresidenta. Báez, por su parte, perderá más de 80.

Además de a los bienes de Cristina Kirchner, el embargo afecta a los inmuebles de las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos, Loscalzo y Del Curto todos ellos adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, según ha indicado el canal argentino Todo Noticias.

Los jueces han considerado que la medida se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita, en aras de inducirle una "función reparadora del daño social causado".

Nuevo régimen de visitas para Kirchner

Paralelamente, el mismo tribunal ha definido también este martes un nuevo régimen de visitas para la exdirigente, que cumple en arresto domiciliario una condena de seis años de internamiento, precisamente por el caso Vialidad, por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a Lázaro Baez, socio y presunto testaferro durante su gobierno, aunque la expresidenta ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

Las nuevas normas limitan la cantidad de visitantes a un máximo de tres o cuatro simultáneos en no más de dos ocasiones por semana. Asimismo, los magistrados han requerido una lista de las personas "que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado", según ha recogido el canal Todo Noticias.

El ex presidente Fernández también procesado por corrupción

Por otra parte, la Cámara Federal de Buenos Aires - órgano judicial supremo de la Ciudad Autónoma- ha confirmado el procesamiento del expresidente argentino Alberto Fernández por su supuesto rol en una serie de irregularidades en contrataciones de seguros durante su mandato, que habría beneficiado a la pareja de su secretaria.

En el fallo judicial, del que se ha hecho eco el diario `La Nación`, los magistrados han mantenido el procesamiento del exmandatario por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, ante los indicios de que Fernández intervino en la trama que adjudicó contrataciones al corredor Héctor Martínez Sosa por medio de su secretaria privada durante décadas y esposa del bróker, María Cantero.

En este sentido, el órgano judicial ha estimado como corroborada la hipótesis de que hubo un "direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia" por parte del expresidente en favor de la pareja de su secretaria, describiendo un vínculo tanto personal como profesional con el mismo.

Una de las pruebas que ha influido en la decisión ha sido un mensaje de Fernández con el texto "ya me ocupo" ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en el Ministerio de Exteriores, lo que ha sido considerado como una participación directa del antiguo inquilino de la Casa Rosada.

Al ratificar su procesamiento, la Cámara Federal ha mantenido el embargo sobre los bienes de Alberto Fernández, valorados en unos 9 millones de euros, así como la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. El exdirigente se enfrentaría de esta forma a una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua.