Admitida a trámite una querella contra Sofía Puente por presunta prevaricación

Una jueza de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la aplicación de la "ley de nietos".

La decisión se produce pese a que la Fiscalía Provincial de Madrid había solicitado la inadmisión de la querella al considerar que los hechos denunciados ya habían sido objeto de un procedimiento anterior, archivado de forma firme en junio de 2024.

La denuncia se centra en la instrucción del 25 de octubre de 2022 sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para que descendientes de españoles exiliados pudieran acceder a la nacionalidad española. Según Hazte Oír, aquella instrucción, firmada por Puente cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, habría ampliado los supuestos previstos legalmente para obtener la nacionalidad, al permitir, según sostiene la asociación, el acceso a personas que no acreditaban el exilio en los casos en los que la ley lo exigía.

La entidad solicita que se investigue cómo se elaboró la instrucción y que se recaben informes, comunicaciones internas y circulares remitidas a los consulados. También reclama esclarecer el alcance de las concesiones de nacionalidad y su posible repercusión en el censo electoral exterior.

La Fiscalía aprecia identidad con una querella anterior

La Fiscalía Provincial de Madrid pidió el pasado 9 de octubre que la nueva querella no fuera admitida al apreciar una posible excepción de cosa juzgada. Según el Ministerio Público, existe identidad tanto en la persona denunciada como en los hechos investigados respecto a una querella presentada en 2022 por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica.

Aquel procedimiento concluyó con un sobreseimiento libre y el archivo firme de las actuaciones. La Fiscalía consideraba que esta circunstancia impedía abrir un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos sin entrar a valorar nuevamente el fondo del asunto.

La Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica se ha adherido a la actual querella, aunque la jueza ha rechazado su personación al considerar que no se había solicitado conforme a los requisitos legales. Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han criticado la iniciativa judicial y han acusado a determinadas asociaciones de utilizar las instituciones para perseguir política, social y judicialmente a responsables públicos.

Fuentes ministeriales sostienen que la querella es idéntica a otra que ya fue archivada en junio de 2024 y consideran que este tipo de actuaciones busca, a su juicio, intimidar a personas comprometidas con valores progresistas y democráticos.

En su denuncia, Hazte Oír sostiene que la instrucción habría ampliado indebidamente el alcance de la ley al establecer presunciones sobre la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditasen documentalmente su salida de España. Para quienes emigraron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, la instrucción exigía acreditar la condición de exiliado.

La asociación cuestiona también la posibilidad de que bisnietos y tataranietos accedan a la nacionalidad mediante sucesivas opciones, al considerar que la norma limita el derecho a determinados descendientes directos.