Hazte Oír se querella contra Sofía Puente y otro alto cargo del Ministerio de Justicia por la "ley de nietos"

La asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y actual secretaria general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, y contra otro alto cargo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la instrucción adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, al considerar que amplió de forma ilegal el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de españoles. Instrucción que estuvo en vigor hasta el pasado mes de octubre de 2025 por un periodo de tres años: dos más uno de prórroga, tal y como contemplaba la LMD.

La titular del Juzgado de Instancia número 35 de Madrid, Inmaculada Lova, ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe sobre la admisión a trámite de la querella y sobre las diligencias que considera oportunas antes de decidir si abre una investigación.

En su escrito, Hazte Oír atribuye a los querellados un presunto delito de prevaricación administrativa y sostiene que la instrucción aprobada tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática excede el contenido de la norma aprobada por el Parlamento.

La asociación asegura que el texto permitió ampliar el acceso a la nacionalidad a supuestos no previstos en la ley, entre ellos mediante un sistema de opciones sucesivas que, según denuncia, posibilita que también puedan beneficiarse bisnietos y tataranietos de españoles.

Además, cuestiona la tramitación de la instrucción y sostiene que pudo elaborarse al margen del procedimiento ordinario. En la querella también relaciona la ampliación de las nacionalizaciones con el incremento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), al considerar que puede tener efectos sobre futuros procesos electorales.

Hazte Oír afirma que el elevado volumen de solicitudes de nacionalidad tramitadas al amparo de esta instrucción podría traducirse en cientos de miles de nuevos electores en el exterior en los próximos años.

Vox también lleva el caso a los tribunales

De forma paralela, Vox ha presentado una querella contra Sofía Puente y contra su sucesora al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones legislativas.

El partido sostiene que las instrucciones modificaron el alcance de la Ley de Memoria Democrática sin respaldo legal, al introducir criterios generales para ampliar el acceso a la nacionalidad mediante una disposición administrativa, una competencia que, a su juicio, corresponde exclusivamente al legislador.