Canarias amplía su ayuda a Venezuela con 1,8 millones y solicita al Estado reestablecer la residencia por razones humanitarias

El Gobierno de Canarias ha intensificado su respuesta a la crisis provocada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela con un doble frente de actuación: la aprobación de una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para reforzar la asistencia humanitaria sobre el terreno y la petición al Gobierno de España para que reactive la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para los ciudadanos venezolanos afectados por la catástrofe.

El Consejo de Gobierno aprobó una modificación presupuestaria destinada a ampliar de forma urgente la ayuda a la comunidad canaria y a sus descendientes residentes en Venezuela. La partida permitirá reforzar el suministro de alimentos, medicamentos, material sanitario y atención médica durante los próximos meses, especialmente en las zonas más afectadas por los seísmos.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, explicó que los fondos servirán para ampliar los programas de tarjetas de alimentos y medicamentos que gestionan las 22 entidades canarias presentes en Venezuela. Con esta medida, los beneficiarios de las tarjetas para alimentos pasarán de 6.291 a más de 8.000 personas, mientras que las destinadas a medicamentos aumentarán de 4.033 a unas 6.000. Asimismo, se prolongará hasta diciembre la cobertura sanitaria que presta la Fundación España Salud a los canarios y descendientes residentes en el país.

Desde el inicio de la emergencia, el Ejecutivo autonómico ha desplegado un dispositivo de atención en colaboración con las entidades canarias en Venezuela, la Delegación del Gobierno de Canarias y el Consulado General de España. En un primer momento se activaron consultorios médicos de emergencia en nueve estados venezolanos y posteriormente se reforzó la asistencia en La Guaira y Caracas, donde se concentran las mayores necesidades.

En La Guaira se habilitó un consultorio médico de urgencia en la sede de la Unión Canaria de Venezuela, acompañado de una oficina de información y apoyo para orientar a las familias afectadas. Además, la Delegación del Gobierno de Canarias puso en marcha un teléfono específico para atender consultas relacionadas con asistencia sanitaria, trámites consulares y acceso a ayudas.

Las primeras actuaciones también incluyeron el reparto de ayuda humanitaria gracias a las donaciones realizadas por particulares y empresas. En una primera fase se distribuyeron 150 bolsas con alimentos y productos de hidratación en La Guaira y otras 30 en Caracas, mientras continúa la planificación de nuevas entregas de alimentos y medicamentos en función de la evolución de la emergencia.

Solicitud de protección humanitaria

Paralelamente, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Ejecutivo central que restituya la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para los ciudadanos venezolanos afectados por el terremoto, al considerar que la catástrofe ha generado una nueva situación excepcional que justifica la recuperación de este mecanismo de protección.

La petición ha sido trasladada mediante una carta remitida por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Interior. La iniciativa fue acordada tras una reunión con el director general de Emigración, José Téllez, y representantes de la asociación Solidaridad Venezuela.

En el escrito, el Ejecutivo canario sostiene que el terremoto constituye un hecho "nuevo y sobrevenido" que modifica de forma sustancial las circunstancias existentes cuando el pasado 12 de junio dejó de aplicarse esta autorización tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la reforma del Reglamento de Extranjería.

El Gobierno autonómico defiende que la emergencia derivada del seísmo es independiente de la crisis política venezolana que motivó la aplicación de esta protección desde 2018 y considera que la magnitud de la catástrofe desvirtúa cualquier percepción de normalización de la situación del país, al haber provocado víctimas mortales, miles de personas afectadas, graves daños materiales y una importante crisis humanitaria.

Asimismo, Canarias argumenta que la recuperación de esta autorización cuenta con respaldo en el ordenamiento jurídico español, ya que la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria contempla la posibilidad de conceder permisos de residencia por razones humanitarias sin necesidad de modificar la legislación vigente, sino mediante una decisión del Gobierno.

La Consejería también sostiene que esta medida resulta plenamente compatible con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, al entender que la normativa comunitaria no impide a los Estados miembros activar mecanismos nacionales de protección ante circunstancias excepcionales como una catástrofe natural.

Con estas actuaciones, el Gobierno de Canarias pretende reforzar tanto la ayuda humanitaria sobre el terreno como la protección jurídica de los venezolanos afectados por los terremotos, manteniendo la coordinación con las entidades canarias, las autoridades españolas y las organizaciones que trabajan en la atención a las personas damnificadas.