Castilla y León creará el servicio 012 Retorno para acompañar a los emigrantes que quieran retornar

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha el 012 Retorno, un nuevo servicio de atención personalizada dirigido a los castellanos y leoneses residentes en el exterior que deseen regresar a la comunidad. La iniciativa forma parte del programa de legislatura presentado este martes por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien también anunció que el Ejecutivo autonómico aprobará en los próximos meses el proyecto de la nueva Ley de Función Pública.

El futuro 012 Retorno será una extensión especializada del teléfono de información administrativa de la Junta y ofrecerá asesoramiento individualizado durante todo el proceso de regreso. Además de resolver consultas, realizará un seguimiento proactivo de los interesados para facilitar su reincorporación personal y profesional a Castilla y León.

En materia de función pública, González Gago avanzó que el Gobierno autonómico prevé aprobar durante el primer año de legislatura el proyecto de ley que adaptará la organización del empleo público a la normativa estatal y a las nuevas necesidades de la Administración. La norma incluirá medidas para favorecer la conciliación, mejorar la cobertura de puestos de difícil provisión y adaptar la plantilla a los retos de la digitalización y la inteligencia artificial.

El programa de la Consejería de la Presidencia contempla también la recuperación de las ayudas de acción social para los empleados públicos, la regulación del derecho a la desconexión digital y el impulso a la formación continua, la evaluación del desempeño y la carrera profesional.

En el ámbito del municipalismo, la Junta ampliará las ayudas destinadas a mantener abiertos los bares de pequeños municipios y pedanías. Los establecimientos que incorporen un servicio de tienda de alimentación podrán recibir una subvención adicional de 3.000 euros anuales para sufragar las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Consejería reforzará igualmente la cooperación con Portugal mediante la reactivación de los órganos de colaboración con las regiones del norte y del centro del país vecino. Castilla y León será además sede en 2026 de la Comisión Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza.

Entre las iniciativas previstas para esta legislatura figura también la tramitación de la Ley de Concordia, con la que la Junta pretende actualizar la normativa autonómica en materia de memoria democrática y reconocer a todas las víctimas de la violencia política, social o ideológica ocurrida en Castilla y León.

El departamento dirigido por González Gago ha diseñado un programa con 108 medidas, que incluye la elaboración de cuatro leyes, ocho decretos y cuatro planes estratégicos, con el objetivo de avanzar hacia una administración "más moderna, eficiente y cercana" a la ciudadanía.