CCOO, UGT y los CRE reclaman más trabajadores sociales para atender a los españoles residentes en Alemania

Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) de Berlín y Fráncfort, junto con los sindicatos CCOO y UGT, han reclamado a la Administración española que refuerce la atención social a la ciudadanía española residente en Alemania mediante la creación de nuevas plazas de profesionales de Trabajo Social. Las organizaciones advierten de que la falta de personal especializado perjudica tanto a los ciudadanos que necesitan asistencia como a los trabajadores del Servicio Exterior (PLEX), que están asumiendo funciones que no corresponden a su categoría profesional.

Las entidades han remitido escritos al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), al Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM). Además, han solicitado una reunión con el embajador de España en Alemania para trasladarle la situación y explorar posibles vías de colaboración institucional.

Reclaman nuevas plazas en consulados y oficinas de Trabajo

Una de las principales demandas se dirige al MAEC y responde a la reducción de los servicios de asistencia social en la red consular española en Alemania. Según denuncian las organizaciones, tras la amortización de la plaza de trabajador social de la Sección Consular en Berlín, únicamente los consulados generales de Múnich y Hamburgo mantienen este servicio.

Ante esta situación, los CRE y los sindicatos solicitan la creación de plazas de Trabajo Social en Berlín, Stuttgart, Fráncfort y Düsseldorf, con una dotación presupuestaria estable y una definición de funciones acorde con el perfil profesional de Trabajo Social o una titulación equivalente.

La reivindicación también se extiende a la red de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En este ámbito, las organizaciones piden a los ministerios competentes que creen una plaza de trabajador social en la propia Consejería y otra en cada una de sus oficinas de Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo y Múnich.

Estos profesionales se encargarían de tareas de atención, orientación, acompañamiento y coordinación social, con el objetivo de ofrecer una respuesta especializada a las necesidades de los españoles residentes en el país.

Atención a mayores, familias vulnerables y víctimas de violencia

Los promotores de la iniciativa recuerdan que la colectividad española en Alemania supera las 200.000 personas y que una parte de ella necesita apoyo específico en distintas etapas de su vida o ante situaciones de especial vulnerabilidad.

Entre los colectivos que pueden requerir atención especializada figuran las personas mayores o dependientes, las familias con dificultades económicas, las víctimas de violencia contra las mujeres y los jóvenes que emigran a Alemania. También señalan la necesidad de prestar apoyo a quienes afrontan procesos de retorno a España.

Las organizaciones consideran que estas situaciones requieren una intervención profesional que vaya más allá de la gestión administrativa general. La orientación, el acompañamiento y la coordinación con otros servicios son fundamentales para dar respuesta a problemas sociales complejos y evitar que las personas afectadas queden sin la asistencia que necesitan.

Los sindicatos alertan de la sobrecarga del personal consular

La falta de trabajadores sociales también tiene consecuencias para las condiciones laborales del personal del Servicio Exterior. Según denuncian los CRE, CCOO y UGT, en los lugares donde no hay profesionales especializados, trabajadores y trabajadoras consulares están asumiendo de hecho tareas de asistencia social pese a no disponer de formación específica en este ámbito ni pertenecer a la categoría profesional correspondiente.

Las entidades advierten de que esta situación no solo puede dificultar una atención adecuada a los ciudadanos, sino que también supone una asignación inadecuada de funciones al personal del Servicio Exterior.

Por ello, defienden que la incorporación de trabajadores sociales permitiría mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía española y garantizar, al mismo tiempo, que cada empleado público desempeñe las funciones propias de su puesto y de su preparación profesional.