El CGCEE pide que el debate sobre la Ley de Memoria Democrática no cuestione los derechos de los españoles en el exterior

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha expresado su «preocupación y rechazo» ante lo que considera una creciente deriva de discursos y críticas dirigidos hacia la ciudadanía española residente en el exterior en el marco de la polémica por la suspensión cautelar del voto exterior a muchas de las personas que están obteniendo la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática (LMD).

El pronunciamiento parte de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE y señala que, desde el pasado mes de julio, el debate público en España ha incorporado afirmaciones y comentarios que cuestionan «la legitimidad, la motivación o la igualdad de derechos» de quienes residen fuera del territorio nacional.

Según el Consejo, estos discursos generan una imagen distorsionada de la diáspora española y alimentan una narrativa que, a su juicio, estigmatiza «injustamente» a cientos de miles de ciudadanos españoles residentes en el exterior.

El CGCEE recuerda que la ciudadanía española en el exterior forma parte de la comunidad política española y contribuye al país en ámbitos económicos, culturales, sociales y familiares. En este sentido, sostiene que la emigración española, tanto histórica como contemporánea, constituye una realidad estructural del país y «no puede ser utilizada como objeto de confrontación política ni como argumento para cuestionar derechos fundamentales».

Contra las categorías diferenciadas

El Consejo sostiene que el debate sobre la Ley de Memoria Democrática y la suspensión cautelar del voto exterior no debe derivar en la deslegitimación de los españoles residentes fuera de España ni en la creación de categorías diferenciadas de ciudadanía en función del lugar de residencia o de la vía mediante la que se haya adquirido la nacionalidad.

El comunicado recuerda además el contenido del artículo 68.5 de la Constitución, que establece: «La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España».

El CGCEE rechaza también las «insinuaciones» que presentan a la ciudadanía exterior como un colectivo susceptible de manipulación, instrumentalización o irregularidad. El Consejo afirma que la participación política desde el exterior se desarrolla mediante procedimientos regulados, supervisados y garantizados por la Administración electoral española y constituye «un ejercicio legítimo y plenamente democrático».

Llamamiento a un debate basado en hechos

Ante esta situación, el CGCEE hace un llamamiento a las instituciones, los actores políticos y los medios de comunicación para que contribuyan a un debate que considera debe ser "riguroso, respetuoso y basado en hechos".

El Consejo pide evitar discursos que puedan fomentar la división o la desconfianza hacia la ciudadanía española residente en el exterior.

Finalmente, el CGCEE reafirma su compromiso con la defensa de los derechos civiles y políticos de la diáspora española y señala que "continuará trasladando su preocupación a las instituciones competentes para reclamar que la ciudadanía exterior sea tratada con «respeto, igualdad y consideración".