La Comisión de Derechos Civiles cierra mandato con el anuncio del inicio del proceso electoral de los CRE en enero

La Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) celebró los días 28 y 29 de noviembre en Madrid su última reunión del VIII mandato, en la que se analizaron 39 propuestas recibidas en los últimos meses. Este órgano vuelve a ser, un año más, el que concentra mayor volumen de iniciativas, superando ampliamente el centenar durante todo el periodo.

A la convocatoria se invitó a representantes de tres ministerios, aunque finalmente únicamente pudo asistir la directora general de Ciudadanía Española en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles. Lo hizo acompañada de miembros de la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular y del Área de Asuntos Jurídicos. De Manueles respondió a todas las cuestiones planteadas por las y los consejeros y abordó asuntos de especial seguimiento.

Entre los temas tratados destacó la demora en la apertura del Consulado de Camagüey, aún pendiente de autorización de Función Pública. También se confirmó que Bangalore será el próximo consulado en abrirse, mientras que otras ciudades como Vancouver figuran entre las candidatas. La selección se realiza en función del volumen de población y las distancias que deben cubrirse.

Asimismo, se informó de que los consulados generales ya han recibido las instrucciones para convocar las elecciones de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), previstas en torno al 15 de enero. La primera vuelta se celebrará entre marzo y mayo, con la obligación de los consulados de difundir el proceso y fomentar la participación.

Otro punto relevante fue la confirmación de que ya es posible solicitar el envío del pasaporte por mensajería certificada, previa autorización para recogerlo en nombre del interesado. Se trabajará en un documento común para facilitar esta gestión. También entrará en vigor en diciembre el nuevo formato de salvoconducto, adaptado al estándar de la Unión Europea.

La comisión analizó además el funcionamiento de “España Contigo”, una herramienta avanzada orientada a viajeros, y solicitó una campaña informativa clara sobre el impacto del sistema DICIREG en los trámites consulares.

Se valoró positivamente la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (LMD), aunque se insistió en la necesidad de reforzar recursos ante el incremento de solicitudes y corregir errores como la tramitación fragmentada de familias. Se resaltó, según informan desde la Comisión que hay consulados generales a los que se les “saltan las costuras” y desde el Ministerio hay que encontrar soluciones.

Además abundaron en que "quedan más de la mitad de las solicitudes por presentar y la absorción de solicitudes ha de hacerse más rápido aunque teniendo en cuenta el ritmo de tramitación de la LMH y el número cuadriplicado de solicitudes con la LMD, volver a realizar el proceso en un periodo de 12 años sería un objetivo inicial, aunque se intentara reducir más".

Quedaron pendientes algunas reuniones, como las previstas con el director general de la Policía Nacional sobre la implantación del DNI en el exterior y con la Junta Electoral Central. En la sesión con partidos políticos participaron representantes del PSOE y de SUMAR, con quienes se abordó la reforma del Código Civil y la situación de la mujer emigrante aún parcialmente excluida de la disposición adicional octava de la LMD. Según señalaron desde la Comisión, lamentó la ausencia del resto de formaciones, especialmente la del Partido Popular, pese a sus pronunciamientos públicos a favor de una solución permanente.

Durante el debate interno, la Comisión aprobó 29 propuestas distribuidas en los ámbitos de servicios consulares, derechos y participación, fiscalidad, movilidad y visados. Entre ellas, la apertura de nuevas oficinas, mejoras en la accesibilidad y digitalización, ampliación de servicios a distancia, actualización de trámites y nuevas medidas para facilitar la gestión documental y fiscal de españoles en el exterior. Dos propuestas fueron retiradas, siete rechazadas y una remitida a la Comisión Permanente.

En el tramo final de la reunión se reconoció la trayectoria de Xurxo Martiz Crespo, de la CIG, y de Lourdes Abella Nieva, de la Oficina del Censo Electoral. También se lamentó la ausencia de representantes de varias comunidades autónomas y el vacío persistente del asiento correspondiente a Bélgica.