El Consejo de Ministros aprueba el Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 3 de noviembre, el Real Decreto por el que se desarrolla el Reglamento de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. La nueva norma culmina el desarrollo reglamentario de esta ley y reúne en un único texto materias que hasta ahora estaban reguladas en distintas disposiciones, como la participación institucional, las prestaciones económicas, la asistencia sanitaria, las subvenciones y las políticas de retorno.

El Reglamento pretende adaptar el marco normativo a la evolución de la población española residente fuera del país, que supera ya los 3,2 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2010, esta cifra se situaba en 1,57 millones, por lo que el colectivo ha duplicado ampliamente su tamaño en los últimos años.

El nuevo texto incorpora medidas en distintos ámbitos de atención a la ciudadanía española en el exterior, con especial atención a las políticas de retorno, la actualización de los órganos de representación, las prestaciones y ayudas sociales, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y el apoyo al movimiento asociativo. Antes de su aprobación, el proyecto ha seguido el procedimiento de elaboración normativa establecido legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado.

Un certificado para las personas españolas retornadas

Una de las principales novedades es la regulación de la condición de persona española retornada y la creación de un certificado específico que permitirá acreditar esta situación y acceder a las políticas y programas de retorno previstos en el Reglamento.

La norma desarrolla también medidas para favorecer la integración social, laboral y económica de quienes regresen a España desde el extranjero. Además, establece que el Gobierno deberá aprobar, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Reglamento, la regulación de una ayuda económica destinada a facilitar el retorno de personas españolas de origen que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

En este ámbito, el texto regula las funciones de la Oficina Española del Retorno, que ofrecerá orientación, información y acompañamiento a los ciudadanos que decidan regresar. Su actividad podrá extenderse mediante puntos de información en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a través de mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales.

Más representantes en el Consejo General

El Reglamento introduce cambios en la participación institucional de los españoles residentes en el extranjero. Para ello, actualiza la regulación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de los órganos de representación de este colectivo, con modificaciones en su composición, funcionamiento y procedimientos electorales.

Uno de los cambios más destacados afecta directamente a la composición del Consejo General: el número de miembros electos aumenta de 43 a 51. La norma también revisa la regulación del Censo de Asociaciones y Centros en el Exterior (CACE), con nuevos criterios adaptados a la realidad actual del movimiento asociativo español fuera del país.

El apoyo a las asociaciones y centros de españoles en el extranjero constituye otro de los ámbitos contemplados en el Reglamento, que actualiza el marco de reconocimiento y respaldo institucional a estas entidades.

Prestaciones y protección de colectivos vulnerables

En materia de protección social, el texto incorpora actuaciones específicas para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con medidas relacionadas con la asistencia sanitaria, las ayudas sociales y distintos programas de apoyo.

También incluye disposiciones dirigidas a las víctimas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior y a sus descendientes. En concreto, regula mecanismos para acreditar estas situaciones, medidas de asistencia y actuaciones vinculadas al retorno a España.

Asimismo, actualiza la regulación de las prestaciones destinadas a personas mayores de 65 años, personas con incapacidad absoluta y personas retornadas. Los cambios afectan a las condiciones de acceso, la gestión y el control de estas ayudas.

Con la aprobación de este Reglamento, el Gobierno culmina el desarrollo normativo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y concentra en una única disposición las principales reglas sobre derechos, participación, protección social, asociacionismo y retorno de una población española residente fuera del país que supera ya los 3,2 millones de personas.