Detenido en República Dominicana un misionero español por intentar frenar un desalojo sin orden judicial

Fray Miguel Ángel Gullón, misionero dominico español fue detenido la pasada semana en el barrio de Mirador Sur, en Santa Cruz de El Seibo, cuando intentaba impedir de forma pacífica el desalojo de una familia en situación de extrema vulnerabilidad que llevaba 35 años residiendo en la vivienda, sin que existiera orden judicial ni mediación previa.

Según informa Obras Misionales Pontificias (OMP), el religioso acudió al lugar tras ser requerido por la propia familia, que temía quedarse en la calle de manera inminente. Gullón explicó que su intervención respondía al compromiso cristiano de “ser buen samaritano y acompañar a quienes atraviesan dificultades”, buscando una salida dialogada y humana al conflicto.

Ante la gravedad de la situación, el misionero se puso en contacto con el obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, quien inició gestiones con la empresa implicada para solicitar un margen de tiempo que permitiera a la familia encontrar una alternativa digna. Sin embargo, cuando fray Miguel Ángel trataba de mediar pacíficamente, fue detenido por agentes policiales de la provincia de El Seibo, que llegaron a colocarle esposas.

Las imágenes de la detención del religioso —que también es presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)— se difundieron rápidamente en redes sociales, "lo que provocó indignación y preocupación entre comunicadores, abogados y organizaciones sociales, que se desplazaron hasta el lugar para seguir el caso", según la OMP. Finalmente, el misionero fue puesto en libertad.

Desde Obras Misionales Pontificias explican que no se trata de un hecho aislado. Ya que el pasado mes de septiembre, otra periodista española, Patricia Rosety, voluntaria de los misioneros dominicos, denunció la destrucción de 60 viviendas de madrugada en esta misma zona de El Seibo, dejando a decenas de familias en la calle.

Los dominicos llevan presentes en esta región desde 1960, acompañando a una población de más de 90.000 habitantes, de los cuales alrededor del 20% son inmigrantes haitianos. Según denuncian, la zona sufre un empobrecimiento progresivo, agravado por el hecho de que más del 70% de la tierra está en manos de la compañía azucarera Central Romana.

Además de los desalojos, el dominico Miguel Ángel Gullón viene denunciando desde hace tiempo la política migratoria de captura y expulsión de personas procedentes de Haití, incluidos hijos de haitianos nacidos ya en República Dominicana. Muchos de ellos, explica, son trasladados contra su voluntad en la llamada “camiona”, un vehículo que “no reúne ni las condiciones para transportar animales”, para ser expulsados del país.

El misionero hace especial hincapié en el sufrimiento de los niños, víctimas directas de estas redadas y expulsiones, una realidad que, según subrama OMP, interpela a la comunidad internacional y pone en evidencia la vulneración sistemática de los derechos humanos en esta región del Caribe.