Fiorenza Vasallo, española nacionalizada por la Ley de Nietos: "La democracia nos permitió acceder a la nacionalidad y ahora se nos ha quitado el voto"

La economista argentina, doctorada en la Universidad de Sevilla, Fiorenza Vasallo Gonzalez y nacionalizada española por la "ley de nietos" reconoce su tristeza" y su "miedo" ante la suspensión cautelar del derecho al voto de parte de los españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. Aunque no se encuentra entre los afectados directamente, cuestiona la dificultad de acreditar el exilio de sus antepasados y advierte de que los cinco días concedidos para presentar documentación pueden impedir el acceso efectivo a la justicia.

Fiorenza, para contextualizar tu historia, ¿quién eres, a qué te dedicas y de dónde viene tu vínculo familiar con España? ¿Qué papel han desempeñado tus antepasados en esa conexión y cómo ha seguido presente en tu vida?

Soy Florencia Vasallo González, nacida en la ciudad de Buenos Aires, con muchísima vinculación con España en virtud de mis ascendientes. Mi abuela, nacida en Argentina, era ciudadana española de origen. Sus padres provenían de Galicia: su madre, de una localidad que hoy en día pertenece a Santiago de Compostela, y su padre, de Fuentes de Nava, en la provincia de Palencia. Además, el padre de mi abuelo, que también nació en Buenos Aires, era originalmente español y procedía de Almogía, en la provincia de Málaga.

Así que, por tres de los cuatro lados, me viene lo español. Vivo en la ciudad de Buenos Aires y soy economista. Me doctoré en la Universidad de Sevilla, una ciudad en la que viví durante tres años para hacer los cursos doctorales.

Tengo muchísima vinculación con España porque viví allí y, sobre todo, porque tengo familia allí. La relación entre la familia que está en Argentina y la familia que ha quedado en España es sumamente estrecha. Nosotros nunca perdimos el contacto con mis primos. Además, hay primos de este lado del Atlántico y muchos familiares fuera de España, nacidos en Bélgica, Suiza y Francia, como consecuencia de que los hermanos de mis bisabuelos también tuvieron que emigrar para poder sustentarse.

¿Cuál fue el supuesto al que te acogiste para acceder a la nacionalidad española a través de la denominada Ley de Nietos? ¿Qué documentación te requirieron y tuviste dificultades para conseguirla?

El supuesto que me permitió acogerme a la nacionalidad española, a través de la denominada "ley de nietos", que en realidad es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, fue el supuesto tres, por ser hija de alguien que también pudo optar a la nacionalidad española. En este caso, lo hizo mi madre. Es decir, hasta ese momento habíamos logrado estar inscritos dentro de la familia hasta mi abuela.

Mi abuela nació originalmente española y por eso había podido recuperar la nacionalidad de sus padres. Pero los supuestos dejaban todavía fuera a mi madre, que no había podido recuperar la nacionalidad cuando estuvo vigente la anterior Ley de Nietos porque había sido mal asesorada en el consulado en su momento.

Ahora, en virtud de que mi madre finalmente pudo acceder a la nacionalidad, yo también pude hacerlo. Mi acceso fue directo como hija.

El Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión cautelar del derecho al voto de miles de españoles residentes en el extranjero, nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, entre los que se encuentran personas de tu entorno. ¿Cómo valoras esta decisión y qué consecuencias crees que puede tener para los descendientes de españoles?

La decisión del Supremo inicialmente no me afecta, porque no soy uno de los supuestos de la ley que requieren demostrar el exilio. Sin embargo, me genera dos cosas. Primero, muchísima tristeza, porque después de tantos años buscando ser ciudadanos españoles, como reconocimiento a algo que nosotros ya sentíamos, hay mucha gente que se queda fuera.

Eso me da, ante todo, muchísima tristeza, sobre todo pensando que el acceso a la nacionalidad se obtuvo mediante el voto democrático. Es decir, unas Cortes y un Senado elegidos democráticamente consideraron que nuestra demanda de nacionalidad española no era algo que solamente debía aprobarse en términos legales, sino que significaba hacer justicia ante una injusticia enorme: el acceso vedado que teníamos muchos a la nacionalidad.

Por un lado, me da muchísima tristeza, pero por otro también me genera muchísimo miedo. Una de las garantías constitucionales de los ciudadanos españoles es justamente poder votar a sus representantes. Y, de repente, personas que han podido ejercer el voto en el pasado, sin que eso haya supuesto ningún perjuicio para la sociedad española en general, ahora no van a poder hacerlo.

La verdad es que da miedo por los efectos sobre la democracia. Es muy paradójico que la democracia nos haya permitido acceder a la nacionalidad y que ahora el principal instrumento que tenemos como democracia, que es el voto, se nos quite.

Uno de los argumentos centrales de esta controversia es la necesidad de acreditar documentalmente que los antepasados se exiliaron por motivos políticos. ¿Cómo puede demostrar hoy una familia que su abuelo huyó de la dictadura franquista si no conserva documentos de hace 80 años o nunca tuvo acceso a ellos?

Es una situación muy particular, porque el exilio implica que las familias han tenido que dejar España de manera abrupta, ante un riesgo inminente de morir o resultar lesionadas. Entonces, la gente tuvo que salir muy rápidamente del país e irse, en muchísimos casos, con lo puesto, para buscarse la manera de sobrevivir.

Es muy difícil que las personas puedan acceder a la documentación del exilio, porque estamos hablando de una huida. Incluso cuando llegaban a los lugares a los que emigraban, por supuesto que no iban a ningún lugar oficial porque les daba terror.

A veces escucho a algunas personas que dicen: "Pero ¿cómo no inscribieron a sus hijos en el consulado?". Si te estás yendo de un lugar corriendo porque tienes riesgo de muerte, no vas a ir a inscribir a tu hijo nacido en el exterior a ningún consulado, porque lo que quieres es preservar su vida.

Así que es muy, muy difícil obtener la documentación del exilio, porque nadie te dice: "Oye, tú te has exiliado". Eso es algo muchísimo más moderno.

Incluso hoy en día, las personas que tienen que salir de sus países por motivos de persecución política, religiosa o por su orientación sexual difícilmente acceden a documentación que avale esa situación, porque es una situación de hecho, más bien. Llegar a una situación de derecho, con un aval y con documentación, es realmente muy difícil de obtener.

La estimación del Gobierno sitúa en unos 163.000 los ciudadanos potencialmente afectados. ¿Qué dimensión tiene el problema en Argentina y qué sensaciones os trasladan las personas que acuden a asociaciones como CEDEU en busca de información y ayuda?

La dimensión del problema en Argentina es mucha, dado que la mayoría de las personas accedieron a la nacionalidad precisamente a través de la Ley de Memoria Democrática, por el primero de los supuestos, que es el afectado directamente por la decisión del Tribunal Supremo. Así que, en términos de magnitudes, es muy relevante.

Sobre todo, lo que nosotros notamos es que la gente que viene a CEDEU a pedir ayuda para formar su expediente tiene, en muchos casos, dificultades para obtener las actas en España. Nosotros los ayudamos en todo lo que podemos o les damos pequeños consejos sobre cómo buscar cosas que, a priori, no son tan fáciles de conseguir.

Después de todo ese esfuerzo, después de toda la alegría por años y años de andar buscando por todos lados y no poder acceder a la nacionalidad española, finalmente se ve la luz y, de repente, te dicen: "Oye, que sí vas a poder acceder a la nacionalidad, pero no vas a votar".

La gente viene a vernos y realmente no se lo cree. Es muy difícil entender que, después de haber pasado por todo ese proceso para conseguir la nacionalidad, ahora se encuentren con esta situación.

¿Cómo pueden miles de personas saber si están afectadas, reunir la documentación necesaria y defender sus derechos en un margen tan reducido como los cinco días que ha dio el Supremo, si en muchos casos ni siquiera saben si les afecta la suspensión cautelar?

Me preocupa muchísimo que unos plazos tan acotados impidan, en términos efectivos, el acceso a la justicia. Se otorgan cinco días para poder, en el caso de que exista, reunir la documentación del exilio y presentarla ante los consulados, cuando inicialmente estos rechazaban las presentaciones porque no era necesario hacerlo de acuerdo con la ley.

Además, hay que conseguir citas dentro de esos cinco días para que se pueda solucionar la situación. Todavía al respecto, por ejemplo, el Consulado de Buenos Aires no se ha pronunciado. No hay ningún mensaje que explique cómo pueden presentar ahora la documentación de exilio los españoles que la tienen. No hay un lugar donde presentarla, ni siquiera una tipología de citas que permita hacerlo.

Y, más allá de lo que ocurre en los consulados más grandes, me pregunto verdaderamente si está bien, si legalmente constituye una garantía para las personas otorgar cinco días de plazo, o si es una garantía solamente de cara a la galería. Porque, en términos materiales, cinco días no alcanzan.

Ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, ¿temes que los plazos judiciales y administrativos hagan imposible una solución a tiempo?

Sí, me preocupa muchísimo que unos plazos tan acotados impidan, en términos efectivos, el acceso a la justicia. Otorgar cinco días para reunir la documentación del exilio y presentarla ante los consulados, cuando inicialmente no era necesario aportar esa documentación de acuerdo con la ley, supone una dificultad importante.

Además, las personas necesitan conseguir citas dentro de ese plazo. Y todavía hay consulados que no han explicado cómo se puede presentar la documentación. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, no hay un mensaje que indique cómo hacerlo ni una tipología de citas que lo permita.

Por eso me pregunto si cinco días constituyen realmente un resguardo legal para las personas. En términos materiales, no alcanzan.

¿Qué les dirías a las instituciones españolas y a quienes deben tomar decisiones sobre este caso para que comprendan lo que representa para miles de descendientes recuperar sus vínculos con España y poder ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos?

Básicamente, les diría que somos ciudadanos españoles. No es que nos encontramos un día con la nacionalidad española.Esta ha sido una demanda del colectivo desde hace por lo menos 15 años, desde que vimos que había personas que quedaban fuera de la Ley de Memoria Histórica y que era necesario repetir una ley en términos similares, pero eliminando los impactos negativos de la anterior. Es decir, quitando las barreras que todavía existían.

Por ejemplo, una cosa terrible era que los nietos de abuelo podían acceder a la nacionalidad española, pero los de abuela no. Vamos, eso es ridículo.

Lo que nos preocupa directamente es que se están lesionando derechos que tenemos los españoles que residimos en el exterior. Nosotros accedimos a la nacionalidad española como consecuencia directa de la decisión de los diputados y del Senado español que votaron esta ley.

Entonces, de repente, es muy paradójico que la democracia nos haya permitido acceder finalmente a la nacionalidad después de muchísimos años de demanda y que ahora el principal instrumento que tenemos como democracia, que es el voto, se nos haya quitado.

Eso es terrible.

¿Y qué les dirías a quienes piensan que los descendientes no deben votar?

Primero, ¿cuál es el miedo que tienen? ¿Miedo a que votemos qué? ¿Miedo a que hagamos qué? Si votamos de la misma manera que se vota en España.

Muchos, aunque podemos votar por correo, vamos a la Embajada y votamos directamente allí, tratando de emular el acto electoral que se desarrolla en España. Entonces, ¿miedo de qué tienen?

Segundo, si nosotros ya hemos votado en elecciones anteriores, en las elecciones generales de 2023 muchos votamos. También hemos votado muchísimo en las elecciones autonómicas, y la última de las que recuerdo ocurrió hace unos meses. Me pregunto por qué hasta hace cinco o seis meses no había miedo, ni era ningún problema que nosotros votáramos, y de repente sí lo somos. ¿Por qué ahora constituimos un peligro nacional?

Y tercero, respecto a que las altas en el censo electoral se hacían en municipios designados por alguien, me pregunto: ¿designados por quién? Cada persona obtuvo el alta en el municipio de su última residencia en España y quien no había residido en España lo hizo por el arraigo de su ascendiente.

Es decir, si yo me doy de alta en el municipio donde nació mi abuela, mi abuelo, mi padre o mi madre, ¿por qué eso constituye una alteración del censo electoral? Es el lugar en el que tengo arraigo y, además, tuve que documentarlo cuando accedí a la nacionalidad española y después, una vez que ya era española, al solicitar el alta en el CERA.