CeDEU pide al Supremo, tras el rechazo del Constitucional del recurso del Defensor del Pueblo, que resuelva antes del 29-N

El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ha su preocupación por la suspensión cautelar que puede impedir votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a más de 163.000 personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Su portavoz, Juan Manuel de Hoz, ha calificado la situación de total "indefensión" y ha reclamado que el Tribunal Supremo se pronuncie antes de los comicios para aclarar quién podrá ejercer su derecho al voto.

De Hoz ha asegurado que la decisión judicial ha generado "profundísima sorpresa e indignación" entre los afectados, algunos de los cuales ya participaron en las elecciones de 2023 sin que, según ha señalado, se cuestionara entonces la legalidad de su acceso a la nacionalidad.

La asociación presentó dos escritos ante el Defensor del Pueblo, el primero el 17 de septiembre y otro la semana pasada, para pedir que promoviera un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tras el rechazo de esa iniciativa, CeDEU confía en que el Supremo resuelva el asunto antes del 29 de noviembre. "Esperamos que tenga la responsabilidad de pronunciarse antes de las elecciones", ha afirmado De Hoz, que considera que impedir el voto sin una resolución a tiempo podría causar un daño irreparable. También ha advertido de que una decisión posterior a los comicios podría abrir la puerta a intentos de impugnación electoral.

Incertidumbre sobre la actuación de los consulados

El portavoz de CeDEU ha explicado que los afectados desconocen cómo se aplicará la suspensión cautelar en cada oficina consular. Según ha indicado, no está claro si los consulados revisarán previamente los expedientes para determinar a qué apartado de la instrucción de nacionalidad se acogió cada persona o si efectuarán las comprobaciones cuando los ciudadanos acudan a votar.

De Hoz ha advertido de que esa falta de claridad puede provocar retrasos y ha expresado su preocupación por una posible vulneración de los datos personales si los funcionarios deben revisar individualmente los expedientes consulares. "Es totalmente incierto", ha resumido, insistiendo en que el procedimiento podría variar de un consulado a otro. Por ello, considera fundamental que el Supremo se pronuncie antes de las elecciones y despeje las dudas sobre el alcance de la suspensión.

La medida afecta, según los datos que ha hecho públicos el gobierno, a unos 163.000 votantes. El portavoz de CeDEU ha señalado que en la asociación hay personas de distintas edades, generalmente de entre 18 y 50 años, y ha subrayado que su objetivo es que todos los ciudadanos con derecho a voto puedan ejercerlo, con independencia de su ideología.

"El voto no tiene dueño"

De Hoz también ha criticado las declaraciones de dirigentes del Partido Popular que han cuestionado la inscripción en el censo de los nacionalizados por la ley de nietos. En su opinión, se está poniendo en duda la legalidad de un procedimiento que exige documentación para acreditar los vínculos familiares.

"Los votos no son dueños de nadie", ha afirmado, al defender que cada ciudadano debe poder decidir libremente a quién vota. El portavoz considera contradictorio que dirigentes políticos que anteriormente acudieron a Argentina a pedir el voto de los españoles residentes en el extranjero cuestionen ahora la participación de estos nuevos nacionalizados.

Asimismo, ha rechazado las sospechas sobre posibles irregularidades electorales y ha defendido que la concesión de la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática es "de justicia". Según ha explicado, los expedientes requieren documentación rigurosa y certificados emitidos en España.

El portavoz de CeDEU ha sostenido que, si se pretende modificar el alcance del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, el debate debería abordarse por la vía legislativa y no mediante una suspensión cautelar que, a su juicio, deja a los afectados en una situación de incertidumbre a pocas semanas de las elecciones.

La asociación espera ahora una respuesta del Tribunal Supremo que permita conocer antes del 29 de noviembre si las personas afectadas podrán votar. Mientras tanto, asegura que entre los descendientes de españoles en Argentina se extiende un sentimiento de "profunda tristeza" y enfado ante la posibilidad de perder un derecho que consideraban consolidado.