El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes con el apoyo de Podemos y 700.000 firmas

El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto para una regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en España. La medida es fruto del acuerdo alcanzado con Podemos y parte de una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) en la que han tenido un papel determinante organizaciones de la Iglesia católica.

El Ejecutivo defiende que la regularización garantiza derechos y aporta seguridad jurídica a una realidad social ya existente y que puede beneficiar a alrededor de medio millón de personas que se encuentran en situación administrativa irregular. La iniciativa se dirige a quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia, a través del empadronamiento u otros documentos como informes médicos, contratos de suministros o certificados sociales.

La medida desbloquea el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración recibió el apoyo de una amplia mayoría del Congreso, con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox. El acuerdo político fue impulsado por Podemos, que considera que "la regularización permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite".

Durante el proceso de regularización quedarían suspendidas las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno, y se concederá una autorización de residencia provisional con permiso de trabajo. Si la resolución es favorable, se otorga una autorización de residencia por un año, prorrogable posteriormente por las vías ordinarias del reglamento de extranjería.

El respaldo de la Iglesia y las entidades sociales

La decisión del Gobierno llega tras años de reivindicación por parte de entidades de la Iglesia, que reclaman de forma reiterada una regularización extraordinaria que ponga en el centro la dignidad de las personas migrantes. Organizaciones como Cáritas, CONFER, la red REDES y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española defienden desde 2021 esta medida como una cuestión de justicia social y de derechos humanos.

Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado celebrada el pasado mes de octubre, recordaban las palabras del papa Francisco, que insistía en que “nadie debe ser excluido de la mesa común de la humanidad”, y ponía en valor la aportación de las personas migrantes a la sociedad, al trabajo y a la vida comunitaria del país.

Las organizaciones eclesiales consideran que esta regularización es complementaria al nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde el año pasado, ya que permite dar respuesta a colectivos especialmente vulnerables que quedan fuera de las vías ordinarias, como familias con menores, personas sin documentación o solicitantes de asilo con expedientes denegados.

Críticas de la oposición

La regularización ha recibido las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, que hablan de un supuesto "efecto llamada”. Desde el Gobierno y sus socios rechazan este argumento y sostienen que se trata de una política migratoria basada en derechos humanos, integración y cohesión social.

Al tramitarse mediante Real Decreto, la regularización no necesita convalidación parlamentaria, lo que permite al Ejecutivo avanzar sin depender de mayorías en el Congreso.