El Gobierno de Canarias avanza en la futura Ley de la Canariedad en el Exterior para adaptarla al siglo XXI

El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en la elaboración de la futura Ley de la Canariedad en el Exterior, una norma que actualizará el marco legal vigente desde 1986 y que busca responder a las necesidades actuales de los canarios residentes fuera del archipiélago.

El Consejo de Gobierno acordaba el pasado martes continuar la tramitación del texto, que ahora será remitido a todos los departamentos autonómicos para su análisis y aportaciones antes de su aprobación definitiva y posterior envío al Parlamento de Canarias. Este avance se produce tras завершarse el proceso de consulta pública, en el que se incorporaron numerosas propuestas de ciudadanía y entidades vinculadas a la emigración.

La nueva ley sustituirá a la normativa vigente desde hace casi cuatro décadas, considerada desfasada ante los cambios sociales, demográficos y normativos. El objetivo es reforzar la protección, los derechos y la participación de la diáspora canaria, adaptando las políticas públicas a la realidad del siglo XXI.

Entre las principales novedades, la futura norma contemplará medidas como la cobertura sanitaria de urgencia durante estancias temporales en Canarias, ayudas para estudios universitarios, programas específicos para personas retornadas y nuevas líneas de apoyo social y económico. Asimismo, ampliará los canales de participación de las comunidades canarias en el exterior y regulará de forma más flexible el sistema de subvenciones, teniendo en cuenta la normativa de los países donde residen los beneficiarios.

El texto también definirá conceptos clave como identidad, arraigo y cultura canaria, reforzando el vínculo histórico con las comunidades emigrantes, cuya contribución ha sido fundamental en la construcción social y económica del archipiélago.

En la actualidad, alrededor de 200.000 canarios y descendientes residen en el exterior, principalmente en países como Cuba, Venezuela y Estados Unidos, aunque también en distintas naciones europeas. La futura ley pretende dar respuesta a sus demandas y garantizar un reconocimiento efectivo de su identidad de origen, en línea con el Estatuto de Autonomía.

Desde el Gobierno se señala "que mantener la normativa actual supondría perpetuar un desajuste legal que no responde a las necesidades reales de la emigración canaria", por lo que consideran imprescindible avanzar hacia un nuevo marco jurídico más moderno, ágil y adaptado a la realidad global.