El CGCEE niega una "nacionalización exprés" y recuerda que la Ley de Memoria Democrática dejó de admitir solicitudes en octubre de 2025

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha rechazado las críticas sobre una supuesta "nacionalización exprés" al amparo de la Ley de Memoria Democrática y ha asegurado que los expedientes de acceso a la nacionalidad española continúan tramitándose mediante procedimientos administrativos ordinarios, por lo que necesitarán aún varios años para resolverse debido al elevado volumen de solicitudes pendientes.

El órgano consultivo recuerda además que la Ley de Memoria Democrática fue aprobada en julio de 2022 y que la disposición adicional octava permaneció vigente entre octubre de 2022 y octubre de 2025. En este sentido, afirma de forma expresa que "no se está realizando ninguna 'nacionalización exprés'".

El CGCEE ha vuelto a salir al paso de la polémica generada en torno a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y a las propuestas planteadas por distintas formaciones políticas para limitar el derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero.

En un comunicado, el órgano consultivo asegura que en las últimas semanas ha seguido "con atención la polémica surgida" y, "ante la difusión de determinadas informaciones falsas o inexactas", considera necesario realizar una serie de aclaraciones sobre los derechos de la diáspora española y la actividad que desarrolla la institución.

El CGCEE recuerda que, desde la creación del Consejo General de la Emigración en 1990 y posteriormente con la constitución del actual Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, uno de sus principales objetivos ha sido "la defensa de los derechos de la ciudadanía española en el exterior y de sus descendientes, incluyendo el acceso a la nacionalidad española, promoviendo un marco jurídico equiparable al existente en otros países de nuestro entorno".

Asimismo, subraya que desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática ha realizado un seguimiento continuado de su aplicación y ha trasladado públicamente sus posiciones y propuestas sobre nacionalidad mediante distintos comunicados e iniciativas. Además, recuerda que ha defendido reiteradamente la necesidad de avanzar hacia "una solución estable y permanente" para la descendencia de españoles en el exterior mediante una reforma del Código Civil presentada en ambas Cámaras.

En relación con la Ley de Memoria Democrática, el Consejo precisa que "el acceso a la nacionalidad a través de la disposición adicional octava no se limita a supuestos de exilio político", sino que contempla distintos supuestos relacionados con la transmisión de la nacionalidad española previstos expresamente por el legislador.

También señala que la finalidad de esta disposición es "corregir situaciones históricas que impidieron o dificultaron la transmisión de la nacionalidad española a determinados grupos de descendientes de españoles en el exterior" y recuerda que la aplicación de la norma se ha desarrollado mediante criterios interpretativos destinados a garantizar una aplicación homogénea por parte de los registros civiles y oficinas consulares.

Respecto al derecho de sufragio, el Consejo recuerda que la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) es una consecuencia jurídica prevista en la legislación electoral para todos los ciudadanos españoles que cumplen los requisitos establecidos.

Además, destaca que la participación electoral de los españoles residentes en el exterior "continúa situándose por debajo de los niveles registrados antes de la implantación del voto rogado en 2011" y defiende que los ciudadanos que viven fuera de España puedan ejercer sus derechos políticos "en igualdad de condiciones que el resto de las españolas y españoles".

El CGCEE también pone el foco en el funcionamiento de la propia institución y recuerda que tanto sus miembros electos como su presidencia desempeñan sus funciones "con carácter no remunerado, sin percibir retribución alguna". Asimismo, señala que mantiene relaciones institucionales con administraciones públicas, entidades y formaciones políticas que solicitan su participación e invita a representantes de todas las fuerzas con representación parlamentaria a sus plenos y actividades.

En la parte final del comunicado, el Consejo lamenta que durante el debate público "se estén difundiendo informaciones o interpretaciones que cuestionan los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior y de sus descendientes sin reflejar adecuadamente el contenido de la legislación vigente ni la trayectoria histórica de esta institución".

Por ello, invita a todas las fuerzas políticas a estudiar las propuestas de reforma del Código Civil que ha defendido durante años con el objetivo de alcanzar "una solución estable y permanente para la descendencia de españoles en el exterior" y recuerda que la ciudadanía española residente fuera del país debe poder ejercer plenamente los derechos y deberes inherentes a su condición. Asimismo, reafirma que continuará desarrollando su labor como órgano consultivo y asesor para contribuir a la mejora de los derechos y de la participación pública de los españoles que viven en el exterior.