El Parlament aprueba la creación de un cuerpo de funcionarios de acción exterior con el respaldo de PSC, ERC, Comunes y CUP

El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la creación de un nuevo cuerpo de funcionarios de acción exterior, adscrito a la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior, mediante una proposición de ley impulsada por ERC. La norma, que modifica la actual Ley de acción exterior y de relaciones con la UE, ha salido adelante por lectura única con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comunes y CUP, la abstención de Junts y Aliança Catalana, y los votos en contra de PP y Vox.

La nueva legislación contempla el proceso de selección y los requisitos profesionales de los futuros funcionarios del cuerpo, además de concretar sus funciones, en el marco de las competencias reconocidas por el Estatut d’Autonomia.

Durante el debate, el diputado de ERC Jordi Albert defendió que esta es una reivindicación histórica de los sindicatos y de colectivos profesionales como el Col·legi de Ciències Polítiques i la Sociologia, y subrayó —con ironía— que la ley se mueve “dentro del marco de la sacrosanta Constitución Española”.

La oposición de la derecha fue contundente. El popular Hugo Manchón acusó a los republicanos de conspirar contra España “con la complicidad silenciosa pero eficaz de los socialistas”, calificando el nuevo cuerpo como “falsas embajadas”. Desde Vox, Alberto Tarradas denunció que la norma responde a “una estrategia de construcción de estructuras de Estado para suplantar al Estado”, y tildó el respaldo del PSC como una muestra de “sumisión al independentismo”.

Desde Junts, Francesc de Dalmases criticó a ERC por no consensuar el texto: “Así no se hacen las cosas”, lamentó. En contraste, los Comunes valoraron positivamente la medida. Andrés García Berrio la definió como una reforma “útil y necesaria” para proyectar una Cataluña abierta, solidaria y alineada con el derecho internacional y los derechos humanos.

La diputada de la CUP, Laure Vega, pidió que el nuevo cuerpo vaya más allá del enfoque europeo y no caiga en una “ideología europeísta acrítica”. En la otra cara del espectro, Sílvia Orriols (Aliança Catalana) aseguró que la propuesta solo busca “repartirse cargos” y que carece de peso real para avanzar hacia la independencia.

El socialista Alberto Bondesio defendió la norma como una apuesta por el diálogo y el multilateralismo frente al “modelo de falsos patriotas y la internacional del odio”.