La polémica sobre la Ley de Nietos sorprende al CGCEE: "Eran debates que creíamos que estaban ampliamente superados"

La creciente polémica política y judicial en torno a la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, ha causado sorpresa en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que considera que se están reabriendo debates que la emigración española daba por resueltos desde hace años. El órgano consultivo del Gobierno ha difundido un comunicado para responder a lo que califica de "informaciones falsas o inexactas" sobre el acceso a la nacionalidad y el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero.

El pronunciamiento llega después de que PP y Vox hayan intensificado sus críticas a la instrucción que desarrolla la ley y hayan promovido diversas iniciativas administrativas y judiciales para intentar anularla, poniendo además el foco en el impacto que las nuevas nacionalidades podrían tener sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, reconoce que la situación ha sorprendido a la institución. "Pues yo creo que sí, que un poco con sorpresa, porque eran debates que creíamos que estaban ampliamente superados. Por ejemplo, lo que es el tener derecho al voto desde el exterior", afirma, lamentando que vuelva a cuestionarse un derecho que considera plenamente consolidado.

A su juicio, la discusión debería centrarse en otros retos de la ciudadanía española en el exterior. "Para nosotros lo que tenía que estar ahora en discusión y por lo que venimos peleando no es el derecho al voto, que ya lo dábamos por asumido, por superado, sino ya el poder contar con los propios representantes en el exterior. Parece que nos retrotraemos varios pasos hacia atrás", sostiene.

En su comunicado, el Consejo recuerda que la defensa de los derechos de la ciudadanía española en el exterior no nace con la actual Ley de Memoria Democrática. Desde la creación del antiguo Consejo General de la Emigración, en 1990, la institución ha reivindicado el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y ha promovido reformas para equiparar la legislación española a la de otros países de su entorno. De hecho, elaboró una propuesta de modificación del Código Civil para establecer una solución permanente y evitar depender de leyes temporales.

El CGCEE también considera necesario aclarar algunos aspectos sobre el contenido de la disposición adicional octava. Recuerda que el acceso a la nacionalidad previsto por la norma no se limita a descendientes de exiliados políticos, sino que incluye distintos supuestos aprobados expresamente por el legislador para reparar situaciones históricas que impidieron la transmisión de la nacionalidad española a numerosas familias emigrantes.

Asimismo, defiende que las instrucciones aprobadas posteriormente por la Administración tienen como finalidad garantizar una aplicación homogénea de la ley en todos los registros civiles y consulados, evitando interpretaciones diferentes según el país donde se tramite cada expediente.

Otro de los puntos que el Consejo considera necesario reivindicar es el derecho al sufragio de los españoles residentes en el exterior. Alonso recuerda que se trata de un derecho plenamente reconocido por la Constitución. "La Constitución garantiza el voto y además la tendencia mundial es que cada vez más países permitan a su ciudadanía votar desde el exterior. No podemos ser nosotros los que demos ahora un paso atrás", afirma.

La presidenta del CGCEE rechaza además cualquier planteamiento que diferencie entre ciudadanos según su lugar de residencia. "No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda en función de dónde vivan y que no puedan ejercer un derecho fundamental, como es el derecho al sufragio", subraya.

Frente a quienes cuestionan que los españoles residentes fuera del país puedan influir en los resultados electorales, Alonso recuerda que la vinculación con España no desaparece por vivir en otro país. "Los que vivimos en el exterior tenemos mucha vinculación con España y mucho interés también en las cosas que ahí ocurren. Muchas políticas, como las destinadas al retorno o a la educación en el exterior, nos afectan directamente", explica.

También rechaza que el voto exterior solo sea aceptable cuando no altera mayorías parlamentarias. "Cada voto cuenta. Tienes que poder tener desde el exterior exactamente igual que desde el interior la capacidad de poder modificar los resultados. No puede ser que puedas votar siempre y cuando no se modifique el resultado", sostiene.

El comunicado del CGCEE también responde a quienes hablan de una supuesta concesión automática de nacionalidades. El Consejo recuerda que el plazo para presentar solicitudes concluyó en octubre de 2025 y que los expedientes continúan tramitándose mediante procedimientos administrativos ordinarios, un proceso que se prolongará todavía durante varios años debido al elevado volumen de solicitudes pendientes.

Con este posicionamiento, el Consejo pretende reivindicar una trayectoria de más de tres décadas en defensa de la ciudadanía española en el exterior y reclamar que el debate sobre la Ley de Memoria Democrática se base en el contenido de la legislación vigente y no en informaciones que, a su juicio, generan confusión sobre los derechos de la diáspora española.