El PP pide revisar la aplicación de la "ley de nietos" e incrementar los controles sobre las nacionalizaciones

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado pedirá al Gobierno que revise la aplicación de la Ley de Nietos y refuerce los controles sobre las concesiones de nacionalidad. La petición se debatirá en el Pleno del Senado este martes 29 de septiembre y se someterá a votación el miércoles 30.

La iniciativa reclama que la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, se ajuste a los supuestos establecidos por las Cortes Generales. El PP plantea además revisar la Instrucción de 25 de octubre de 2022 para evitar interpretaciones administrativas que, a su juicio, puedan ampliar los casos previstos en la legislación.

Uno de los principales focos de la moción es el impacto del proceso de nacionalizaciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El grupo parlamentario reclama que las incorporaciones se realicen con criterios homogéneos, verificables y transparentes, y propone reforzar la coordinación con la Oficina del Censo Electoral.

Entre las 12 medidas incluidas en la iniciativa figura la petición de datos desglosados por países sobre el número de solicitudes, resoluciones y concesiones de nacionalidad. El PP también plantea auditar las incorporaciones al CERA para detectar posibles errores o deficiencias en la documentación.

La moción pide asimismo que el Gobierno comparezca ante la Comisión Constitucional del Senado para explicar el alcance del proceso y su incidencia en el censo electoral.

Según los datos recogidos en la iniciativa, las solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática se aproximan a los 2,6 millones. Ante este volumen, el PP reclama al Ejecutivo que garantice la aplicación uniforme de los criterios y la trazabilidad de los procedimientos.

La propuesta llega después de la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la normativa y sitúa nuevamente en el Senado el debate sobre los criterios administrativos utilizados para tramitar las solicitudes de nacionalidad.

La iniciativa concluye planteando al Gobierno si los plazos de resolución guardan alguna relación con el calendario electoral y reclama explicaciones sobre la gestión del proceso.