El Supremo de EEUU tumba el recurso de España y da un paso más en el camino de ejecutar los laudos de renovables

Nuevo golpe a los intereses de España en el conflicto abierto por los laudos sobre las renovables en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso planteado por el país europeo y, de este modo, permite que los acreedores exijan los pagos por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

Con el fallo conocido hoy, el Supremo convierte en firme la sentencia del tribunal de distrito de Columbia, y permite a los acreedores continuar con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos en territorio estadounidense.

Este caso enfrenta al gobierno de España con la firma Blasket Renewable Investments, que ha canalizado parte importante de las denuncias presentadas por el grupo de empresas acreedoras, a las que España debe más de 2.300 millones de euros debido a los recortes en las primas a la energía renovable aprobados en la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.

En concreto, España suma 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago, y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución tanto en Estados Unidos como en Bélgica, Países Bajos, Australia, Reino Unido o Singapur.

Por esta causa no solo existen sentencias que condenan a España al pago de más de 1.000 millones de euros, sino que en Bélgica permanecen bloqueados unos 250 millones de euros en cuentas bancarias intervenidas por los acreedores y en Países Bajos se han iniciado procedimientos destinados al embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.

España sigue oponiéndose

En este contexto, el ministerio para la Transición Ecológica ha puntualizado que la decisión del Supremo de EEUU solo supone otorgar la jurisdicción a los tribunales del país norteamericano para decidir sobre estos asuntos, sin que conlleve su finalización.

Es más, ha asegurado que España continuará oponiéndose al reconocimiento de los laudos por motivos de fondo en cumplimiento del derecho comunitario.