La Justicia neerlandesa ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht

El Tribunal de Distrito de La Haya ha ordenado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, en Países Bajos, dentro de los procedimientos judiciales vinculados a las reclamaciones internacionales por los recortes a las energías renovables aprobados en España en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

La resolución autoriza la ejecución en territorio neerlandés de varios laudos arbitrales favorables a inversores extranjeros afectados por el cambio regulatorio aplicado hace más de una década. El inmueble embargado, situado en el centro histórico de Utrecht y valorado en torno a 10 millones de euros, figura registrado a nombre del Instituto Español de Emigración.

Según distintas fuentes, la documentación judicial España fue informada formalmente del procedimiento sin que se produjera el abono de la indemnización reclamada, motivo por el que se acordó el embargo preventivo del edificio.

El caso concreto responde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, dentro de un procedimiento derivado del grupo japonés Eurus Energy, filial de Toyota.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han señalado que España se opondrá a la medida y continuará litigando para defender los intereses del Estado, como viene haciendo en otros procedimientos similares abiertos en distintos países.

El origen del conflicto se remonta a la reforma energética de 2013, cuando el Ejecutivo central modificó de forma retroactiva el sistema de primas a las energías renovables, lo que provocó decenas de demandas ante tribunales internacionales.

El Gobierno sostiene que ha logrado reducir de forma sustancial las reclamaciones iniciales, cifradas en más de 10.600 millones de euros, y asegura haber neutralizado la mayor parte de esas pretensiones económicas. No obstante, diferentes fondos y empresas mantienen litigios activos y reclaman aún más de 2.300 millones de euros por sentencias pendientes de pago.

Además de Países Bajos, en Estados Unidos varios tribunales también han reconocido deudas a favor de empresas acreedoras y han autorizado actuaciones para localizar bienes del Estado español susceptibles de ejecución.