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España destina 30.000 euros para la defensa de ciudadanos condenados a muerte en el extranjero

AYUDAS

El plazo para solicitar la ayuda permanece abierto hasta el 23 de mayo

Prisón de mujeres en Cataluña
Prisón de mujeres en Cataluña | Europa Press

El Gobierno ha aprobado una ayuda de hasta 30.000 euros destinada a ciudadanos españoles detenidos en el extranjero y condenados a pena de muerte, con el objetivo de contribuir a su defensa jurídica en procesos especialmente complejos.

La medida, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), podrá solicitarse hasta el próximo 23 de mayo y está limitada exclusivamente a este tipo de casos, quedando fuera quienes cumplen otras condenas, incluidas las penas de cadena perpetua.

Actualmente, hay 875 ciudadanos españoles encarcelados en el exterior, entre ellos 27 condenados a cadena perpetua y uno a pena capital. Este último es el caso de Ahmed el Saadany Ghaly, condenado en 2017 en Egipto por el asesinato de su cuñado. Desde España se ha solicitado en varias ocasiones la conmutación de su pena, mientras el afectado ha denunciado irregularidades en el proceso, incluyendo supuestas torturas durante los interrogatorios.

El apoyo económico persigue la cobertura de gastos legales en procedimientos que, en muchos casos, se prolongan durante años y requieren asistencia especializada. No obstante, la medida no se extiende a otros perfiles de presos españoles en el extranjero, lo que limita su alcance.

Entre los casos más conocidos de españoles condenados fuera del país figura el de Daniel Sancho, sentenciado a cadena perpetua en Tailandia por asesinato en 2023. También el de Artur Segarra, cuya condena a muerte fue posteriormente conmutada a prisión permanente, o el de Pablo Ibar, que pasó años en el corredor de la muerte en Estados Unidos antes de que su pena fuera revisada.

Más allá de esta ayuda puntual, el Estado ofrece asistencia consular básica a los presos españoles en el extranjero, que puede incluir aportaciones económicas mensuales limitadas cuando no cuentan con apoyo familiar. Sin embargo, organizaciones como la Fundación +34 advierten de los riesgos que puede implicar el acceso a dinero dentro de prisión, como posibles situaciones de extorsión.

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