La política migratoria de Pedro Sánchez, objeto de duras críticas en el Consejo Europeo

Italia y España se han emplazado a buscar medidas alternativas que permitan volver a la libre circulación de personas entre ambos países, después de los controles que el país dirigido por Giorgia Meloni decidió implantar a raíz de la avalancha migratoria en Ceuta.

Tras dos meses de suspensión del acuerdo Schengen entre ambos países, pues el gobierno que dirige Pedro Sánchez devolvió la medida a Italia, ambos mandatarios han decidido encargar a sus ministros de Interior que estudien a lo largo de los próximos siete días cómo poner fin a esta situación.

En el pasado, en situaciones similares, Bruselas llegó a proponer a otros países un refuerzo de la actuación policial para controles no sistemáticos, un mayor intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, por ejemplo, con sistemas de identificación biométrica.

Por el momento, Roma mantiene el refuerzo de los controles en puertos y aeropuertos a quienes lleguen procedentes de España, al igual que ocurre a la inversa.

Reunión de líderes sobre inmigración

En paralelo, en los márgenes del Consejo Europeo, la primera ministra italiana ha organizado, junto a sus homólogos en Dinamarca y Países Bajos, Mette Frederiksen y Rob Jetten, una reunión informal sobre el fenómeno migratorio con los líderes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

En ese foro, de hecho, abordaron lo sucedido en Ceuta a final de julio, ante lo cual Meloni volvió a subrayar la necesidad de mantener "un alto nivel de vigilancia" en las fronteras exteriores de la UE y planteó una revisión específica de la normativa europea sobre los procedimientos de detención de inmigrantes irregulares durante los controles fronterizos.

Críticas a España

El asunto de la emigración ha sido también debatido en el Consejo Europeo, y la situación ha originado fuertes críticas contra el modelo de acogida de España.

El más duro ha sido el primer ministro checo, Andrej Babis, quien ha acusado a Sánchez, sin citarlo, de estar dispuesto a "sustituir a la población para mantenerse en el gobierno". Por su parte, ha advertido de que República Checa podría verse obligada a reforzar sus fronteras para impedir la llegada de migrantes procedentes de otros países de Europa occidental.

La decisión del gobierno de España de regularizar a los migrantes envía "una mala señal", a juicio del canciller austríaco, Christian Stocker, en un momento en el que la UE trata de frenar la inmigración irregular. Y, sugiriendo que existe un vínculo entre la medida y la crisis de Ceuta, ha apuntado que las decisiones tienen "consecuencias".

Al hilo de ello, la socialista danesa también ha cuestionado la regularización extraordinaria de migrantes, que ha pedido que sea examinada en detalle por Bruselas porque choca con la política comunitaria que "una persona que entra ilegalmente en un país pueda, de repente, obtener un permiso para permanecer allí".

Estas declaraciones preceden un debate a Veintisiete sobre la situación migratoria en la Unión, donde se ha registrado una significativa caída en las cifras de entradas irregulares y demandas de asilo, y un aumento en el número de expulsiones.