Fujimori se impone al candidato de izquierdas en Perú por un estrechísimo margen

Tensión prácticamente hasta la última papeleta. Así ha sido el recuento electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, en la que finalmente Keiko Fujimori, la aspirante de derechas e hija del exmandatario del país andino Alberto Fujimori, se ha impuesto al candidato de izquierda, Roberto Sánchez, por algo menos de 50.000 votos.

Tras 23 días de escrutinio, los datos oficiales muestran que el delfín de Pedro Castillo, del partido Juntos por el Perú, se ha hecho con el 49,865% de las papeletas, mientras que la representante de Fuerza Popular ha cosechado un 50,135%. De este modo, Fujimori se convertirá en la décima presidenta de Perú en diez años.

Si bien en el interior del país andino la victoria ha sido para el aspirante de izquierdas, con 32.000 papeletas más que quien será la próxima presidenta, los más de 80.000 votos de diferencia procedentes del extranjero han terminado decantando la balanza a favor de Fujimori la cuarta vez que se presentaba a las elecciones.

De hecho, al término del recuento, ha sostenido que los datos prueban que "uno nunca debe darse por vencido", porque "con esfuerzo y perseverancia uno puede conseguir sus objetivos". Eso sí, se ha mostrado consciente de que el país está "prácticamente dividido", de modo que ha asegurado que tendrá que "escuchar a ambos lados" para gobernar al país. "Las puertas del diálogo están abiertas", ha sostenido.

Por su parte, Sánchez Palomino ha avanzado que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que se ha producido una "grave afectación" al proceso electoral. No obstante, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ya ha dejado claro que no existe ninguna evidencia que respalde las acusaciones de fraude.

Crisis de gobernabilidad 

Con este proceso electoral, el objetivo de Perú pasa por poner freno a una crisis institucional convertida ya en paradigma de gobernanza, toda vez que ningún presidente, incluido un Ollanta Humala ahora en prisión por corrupción, ha podido acabar su mandato en la última década.

Una de las claves de esta inestabilidad reside en el artículo 113 de la Constitución, que permite al Congreso echar al presidente por incapacidad moral o física. De hecho, en la última década, este precepto se convirtió en una herramienta de control a discreción sobre el ejecutivo, al no incluir las exigencias y los plazos que plantean los juicios.

Este último proceso electoral se supuso además el regreso de un Congreso bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, en el que Fuerza Popular vuelve a ser la formación política más numerosa del arco parlamentario, por delante de Juntos por el Perú, y por primera vez en mucho tiempo sin la presencia de algunos partidos históricos.

El nuevo Senado, que no puede ser disuelto por el presidente, será clave en esta nueva legislatura, pues tendrá la última palabra para aprobar leyes, que pueden ser revisadas, modificadas, o rechazadas sin necesidad de tener que pasar de nuevo por la Cámara de Diputados. Asimismo, se encargará de nombrar a altos funcionarios, como el Defensor del Pueblo o los jueces del Tribunal Constitucional, entre otros.