Perú dirime mañana en las urnas dos modelos antagónicos

Los peruanos acuden este domingo a dilucidar en segunda vuelta quién será su décimo presidente en diez años, sin mayorías claras, pero con la candidata de tintes autoritarios Keiko Fujimori, en su cuarto intento, con una ligera ventaja frente a su competidor de la izquierda, Roberto Sánchez. Todo ello bajo el hastío que produce en el electorado de Perú una casi perpetua crisis institucional y política.

La última encuesta de Ipsos publicada la semana pasada otorga a la candidata de Fuerza Popular el 38% de los votos frente el 35% de su rival de Juntos por el Perú, después de que a finales de abril estuvieran empatados. Sin embargo, está por ver cómo puede haber influido el buen desempeño de Sánchez en el debate televisado del domingo, ya que la ley electoral impide desde este lunes publicar más sondeos.

Fujimori se impuso claramente con el 17% de los apoyos en una primera vuelta marcada por una esperpéntica fragmentación del voto gracias a los 35 aspirantes presidenciales que se presentaron. Después de un reñido conteo que se prolongó durante un mes, Sánchez superó por la mínima al conservador Rafael López-Aliaga.

Los dos candidatos tienen una visión totalmente antagónica de país. El dilema está en la derecha autoritaria del fujimorismo, cuyo control del Congreso en los últimos años ha planteado un escenario de ingobernabilidad para muchos presidentes, o bien han mantenido a otros, como la muy impopular Dina Boluarte; y una izquierda indigenista, más fuerte fuera de Lima y de otros grandes centros urbanos.

Sánchez ha utilizado electoralmente esta cuestión de la identidad indígena y se ha paseado incluso con el característico sombrero chotano del expresidente Pedro Castillo, a quien ha ido a visitar a la cárcel en la que cumple una pena de prisión por delitos de rebelión tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Antiguo ministro de Castillo, Sánchez ya ha prometido amnistiar al expresidente, reformar unas instituciones que considera "secuestradas y subvertidas" por el fujimorismo y reforzar la presencia del Estado en todo el país, con políticas de desarrollo, obras, educación y salud.

Por su parte, Fujimori ha alertado del "caos" que supondría regresar a las fórmulas de 2021 —a pesar de que Castillo estuvo apenas un año y no pudo sacar adelante ninguna de sus promesas electorales ante la cerrazón del Congreso—, y ha ondeado viejas banderas como la del miedo al comunismo y al fraude electoral.

La igualdad en las encuestas hace prever que en las elecciones de este domingo tendrá también un peso importante el voto del electorado que decide en función de quien le produce menos rechazo; o bien la hija del expresidente Alberto Fujimori —con un legado marcado por violaciones de los derechos humanos—, o el delfín político de un frágil Castillo que se vio incapaz de gobernar.

Crisis de gobernabilidad 

Con este proceso electoral los peruanos aspiran a poner freno a una crisis institucional convertida ya en paradigma de gobernanza, como muestra que en los últimos diez años, desde un Ollanta Humala ahora en prisión por corrupción, ningún presidente haya podido acabar su mandato.

Una de las claves de esta inestabilidad reside en el artículo 113 de la Constitución, que permite al Congreso echar al presidente por incapacidad moral o física, convirtiéndose en la última década en una herramienta de control a discreción sobre el ejecutivo, sin las exigencias y los plazos que plantean los juicios políticos.

Estas elecciones además supusieron el regreso de un Congreso bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, en el que Fuerza Popular vuelve a ser la formación política más numerosa del arco parlamentario, por delante de Juntos por el Perú, y por primera vez en mucho tiempo sin la presencia de algunos partidos históricos.

El nuevo Senado, que no puede ser disuelto por el presidente, será clave en esta nueva legislatura, pues tendrá la última palabra para aprobar leyes, que pueden ser revisadas, modificadas, o rechazadas sin necesidad de tener que pasar de nuevo por la Cámara de Diputados. Asimismo, se encargará de nombrar a altos funcionarios, como el Defensor del Pueblo o los jueces del Tribunal Constitucional, entre otros.