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El gobierno de España defiende la pertinencia del rescate a Plus Ultra —una pequeña aerolínea que hoy, tras una ampliación de flota, opera seis aviones— con 53 millones de euros de fondos públicos. La concesión de este préstamo se basó en informes técnicos que avalaban la decisión, que se tomó cumpliendo los requisitos que marca la ley para ello, alegan.
En este sentido, fuentes del ejecutivo explican que las compañías aéreas se consideraron sector estratégico a raíz del impacto que supuso la pandemia en estas empresas y que, en todo caso, la adjudicación de estas ayudas se llevó a cabo basándose en "un marco reglado" en el que no cabe la "discrecionalidad" o la "arbitrariedad".
De igual modo, Plus Ultra ya trasladó su disposición a colaborar con la justicia a raíz de la imputación del expresidente Zapatero, quien, según el juez Calama, habría puesto en marcha una red de tráfico de influencias a cambio de comisiones.
El propio José Luis Ábalos, exministro de Transportes actualmente en prisión, ha validado parcialmente esa conclusión del magistrado de la Audiencia Nacional al asegurar que Zapatero no se dirigió a él para abordar este asunto, sino que intentó puentearle reuniéndose con su entonces secretario de Estado de Infraestructuras. En aquel momento, quien era la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE desaconsejó la operación al presidente.
Desde la Comisión Europea, han explicado que ese rescate no requirió su visto bueno, toda vez que no alcanzaba el umbral mínimo de 250 millones de euros que exigiría su análisis individual.
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