El Gobierno reforma la Ley de Extranjería con un nuevo sistema de control para las entradas irregulares

REFORMAS LEGISLATIVAS

La nueva norma incorpora el triaje, mantiene en 72 horas el plazo para estas comprobaciones y adapta el procedimiento de retorno al Pacto Europeo de Migración

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno | Europa Press

El Gobierno ha aprobado este martes en primera vuelta la reforma de la Ley de Extranjería, que introduce nuevos mecanismos para controlar y gestionar las entradas irregulares en España y adapta la normativa nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado mes de junio.

Una de las principales novedades del anteproyecto es la incorporación del triaje, un procedimiento obligatorio para las personas extranjeras que crucen las fronteras españolas sin haber sido sometidas a los controles fronterizos de entrada. El sistema permitirá recopilar información y determinar a qué procedimiento debe ser derivada cada persona en función de sus circunstancias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que el triaje incluirá un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos y una inspección de seguridad. Una vez completadas estas comprobaciones, las autoridades decidirán la vía que corresponda en cada caso.

Aunque la normativa europea permite que este procedimiento pueda prolongarse hasta siete días, España mantendrá el plazo máximo en 72 horas. Marlaska ha señalado que la intención es limitar al mínimo imprescindible el tiempo que las personas extranjeras deben permanecer en las instalaciones policiales habilitadas.

El triaje constituye uno de los nuevos instrumentos previstos por el marco europeo para mejorar la gestión de las fronteras exteriores y ordenar la respuesta ante las entradas irregulares.

La reforma incorpora asimismo las disposiciones del Pacto Europeo relativas al procedimiento fronterizo de retorno. De este modo, las personas que lleguen irregularmente a las fronteras españolas y no tengan derecho a protección internacional podrán quedar sujetas a este procedimiento.

En el caso de quienes hayan solicitado protección internacional y reciban una resolución desfavorable, la reforma contempla que reciban la notificación de la denegación de entrada junto con la obligación de abandonar el país.

Una nueva ley de asilo completa la reforma migratoria

Junto a la reforma de Extranjería, el Consejo de Ministros ha aprobado también en primera vuelta un anteproyecto de nueva ley de asilo, con el que el Ejecutivo pretende actualizar el sistema español de protección internacional.

La futura norma busca establecer un sistema “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”, según Marlaska, con procedimientos diferenciados para adaptar la tramitación a las distintas situaciones.

El texto actualiza las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria e incorpora expresamente nuevas realidades relacionadas con la persecución por razón de género, identidad o expresión de género y discapacidad.

También se refuerza el tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad y se establecen distintos procedimientos para resolver las solicitudes. Entre ellos figuran un procedimiento ordinario, otro de examen y aceleración y un procedimiento que deberá resolverse en un plazo de tres meses.

La nueva ley introduce además un procedimiento de frontera, cuyo plazo máximo de resolución será de 12 semanas. Durante su tramitación, el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.

Marlaska ha defendido que la reducción de los plazos no supondrá una merma de las garantías. El objetivo, ha asegurado, es contar con procedimientos “más breves” “sin menoscabo alguno de los derechos y libertades fundamentales”.

Los dos anteproyectos se adaptarán al nuevo marco europeo

El Gobierno considera que ambas reformas son necesarias para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, compuesto por un conjunto de normas comunitarias que comenzaron a aplicarse en junio y que establecen nuevas reglas sobre control fronterizo, protección internacional y retorno.

Los dos textos serán sometidos ahora a los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo Estatal de ONG, entre otros organismos.

El Ejecutivo prevé continuar posteriormente su tramitación para remitir los proyectos al Congreso de los Diputados, donde, según ha avanzado el ministro del Interior, buscará dialogar con todos los grupos parlamentarios.

Con la reforma de Extranjería, el Gobierno pretende reforzar el control y la gestión de las entradas irregulares mediante el nuevo sistema de triaje y los procedimientos fronterizos, mientras que la nueva ley de asilo busca agilizar la respuesta a las solicitudes de protección internacional manteniendo las garantías de los solicitantes.

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