El Supremo reclama a la Junta Electoral la documentación sobre la aplicación de la "ley de nietos"

El Tribunal Supremo ha requerido a la Junta Electoral Central (JEC) que remita toda la documentación relacionada con la aplicación de la "ley de nietos", después de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la organización Iustitia Europa contra el procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

En una diligencia de ordenación, el Alto Tribunal concede a la JEC un plazo improrrogable de veinte días para remitir el expediente administrativo correspondiente. Asimismo, ha abierto una pieza separada para analizar la solicitud de medidas cautelares planteada por la organización, que reclama la suspensión de las nuevas altas en el CERA derivadas de la aplicación de la norma.

El recurso llega después de que la Junta Electoral Central rechazara paralizar cautelarmente el procedimiento de elaboración del censo, aunque acordó pedir a la Oficina del Censo Electoral que emitiera una instrucción sobre la aplicación de la ley. En esa resolución, el organismo electoral señaló que la asignación del municipio de inscripción de los nuevos electores deberá estar suficientemente motivada cuando no coincida con su último domicilio en España.

La JEC defendió que la Constitución garantiza el derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero y recordó que la administración electoral debe aplicar la legislación vigente, sin sustituir el criterio del legislador respecto a las condiciones para ejercer ese derecho.

Por su parte, Iustitia Europa sostiene que no existe información pública suficiente sobre el número de nuevos electores incorporados al CERA a través de la denominada 'ley de nietos', ni sobre su distribución provincial, la oficina consular que tramitó los expedientes o la documentación que respalda cada inscripción.

La organización considera que el acuerdo de la Junta Electoral resulta insuficiente porque, a su juicio, no ordena una revisión integral del procedimiento. Su presidente, Luis Pardo, defendió que "el censo electoral no puede ser una caja negra" y reclamó una mayor transparencia sobre las incorporaciones al registro electoral de residentes en el extranjero.