El juez de EEUU que frenó las expulsiones de venezolanos a El Salvador ve "insuficientes" las explicaciones de la Casa Blanca

El juez federal estadounidense James Boasberg ha suspendido temporalmente las expulsiones en caliente de presuntos criminales venezolanos hacia la CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, una de las cárceles más duras del presidente Nayib Bukele. En su fallo, Boasberg cuestiona la legalidad y la transparencia de las acciones del gobierno de Donald Trump y exige aclaraciones urgentes sobre la intervención de la Casa Blanca en este polémico proceso.

El origen de la controversia

La controversia gira en torno a un grupo de más de 250 personas, principalmente presuntos miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua y las maras salvadoreñas, que fueron deportadas bajo una ley de seguridad nacional de 1798. Esta ley permite la expulsión de extranjeros sin el debido proceso regular. Sin embargo, el juez Boasberg ha señalado que los argumentos presentados hasta ahora por el gobierno de Estados Unidos son "lamentablemente insuficientes", y ha dado un plazo hasta el martes próximo para que la administración Trump clarifique si invocará el privilegio de secreto de estado para eludir una comparecencia judicial.

La respuesta de la Casa Blanca

En un documento judicial del pasado jueves, Boasberg también hizo hincapié en que la única respuesta que ha recibido hasta ahora proviene de Miguel Vergara, director local del departamento de Operaciones de Control y Deportación (OCD) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Harlingen, Texas, quien trasladó al tribunal las discusiones internas sobre la posibilidad de clasificar la información como secreta. Sin embargo, el juez subrayó que no es adecuado que Vergara, un funcionario local, sea quien informe al tribunal sobre este asunto de tanta gravedad.

Además, Boasberg ha ordenado a la Casa Blanca que entregue una declaración jurada de un funcionario de alto nivel que haya estado directamente involucrado en las discusiones sobre el uso del secreto de estado y sobre la legalidad de los vuelos de deportación, que partieron el pasado 15 de marzo mientras aún se estaban llevando a cabo las deliberaciones judiciales.

Denuncias de abogados de los deportados

La situación se complica aún más por la denuncia de abogados que representan a los deportados, quienes afirman que no todos los expulsados a El Salvador son miembros de pandillas. Uno de los casos más notorios es el de Jerce Reyes Barrios, un futbolista profesional venezolano que fue trasladado a la CECOT tras ser confundido por las autoridades debido a un tatuaje. Según su abogada, Linette Tobin, el tatuaje de Barrios, que había sido interpretado como un símbolo de pandillas, en realidad es un homenaje al escudo del Real Madrid, equipo de fútbol favorito de su cliente. Tras presentar esta prueba, Barrios fue trasladado a una instalación de menor seguridad y tiene pendiente una audiencia para el 17 de abril.

La postura del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido la legalidad de las expulsiones y ha asegurado que continuará con el proceso tan pronto como termine la suspensión judicial ordenada por el juez. Sin embargo, la tensión sigue creciendo, ya que el fallo judicial abre la puerta a una mayor supervisión sobre las políticas de deportación del gobierno estadounidense, que podrían estar violando derechos fundamentales y procedimientos legales.