Panamá declara el estado de emergencia tras el terremoto sufrido

El terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre ha obligado al Gobierno a activar el estado de emergencia para acelerar la asistencia a las comunidades afectadas. El balance preliminar recoge 27 personas heridas, daños en más de 426 viviendas y afectaciones en 419 centros educativos y 21 instalaciones sanitarias. Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas mortales.

Panamá moviliza recursos para atender a los damnificados

El Consejo de Gabinete Extraordinario, presidido por el mandatario panameño, José Raúl Mulino, aprobó el sábado la declaración del estado de emergencia con el objetivo de agilizar la respuesta a los daños provocados por el movimiento sísmico.

La medida permitirá disponer de hasta 100 millones de dólares para prestar asistencia a las familias damnificadas, atender las necesidades más urgentes y acometer trabajos de reparación y recuperación de las infraestructuras afectadas.

El Gobierno ha dado prioridad a las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas, donde se concentran algunas de las principales incidencias. Los equipos de emergencia también trabajan en otras regiones del país, con labores de evaluación de daños, vigilancia y traslado de ayuda humanitaria.

El Ejecutivo ha establecido el Parque Omar, en Ciudad de Panamá, como centro de acopio de donaciones. Las gobernaciones provinciales también recibirán alimentos, agua y otros productos de primera necesidad para su distribución entre la población afectada.

Más de 400 viviendas y 419 centros educativos afectados

Los primeros informes oficiales reflejan la dimensión de los daños ocasionados por el terremoto. Las autoridades han evaluado más de 426 viviendas, con desperfectos de distinta consideración, desde daños parciales hasta pérdidas totales.

En el ámbito educativo, el balance recoge 419 centros escolares afectados estructuralmente. El Ministerio de Educación ha mantenido suspendidas las clases y las actividades administrativas como medida preventiva, mientras se revisa el estado de los edificios para determinar cuándo pueden volver a utilizarse con seguridad.

La emergencia también ha alcanzado al sistema sanitario, con 21 instalaciones de salud afectadas. Los equipos técnicos realizan inspecciones para comprobar las condiciones de los inmuebles y determinar las actuaciones necesarias para garantizar la atención a los pacientes.

Las autoridades panameñas han comenzado, además, a censar las viviendas dañadas para identificar a las familias que necesitan ayuda y establecer qué inmuebles pueden volver a ocuparse y cuáles requieren reparaciones de mayor alcance o reconstrucción.

Carreteras y puentes dañados dificultan la asistencia

Las consecuencias del seísmo también han afectado a las comunicaciones terrestres. Según los informes preliminares del Gobierno, nueve puentes presentan daños estructurales que requieren evaluación, mientras que se han registrado derrumbes y desperfectos en distintas carreteras.

El Ministerio de Obras Públicas trabaja en la recuperación de las vías de acceso a las comunidades más perjudicadas, especialmente en la península de Azuero y en Veraguas. El objetivo es restablecer las conexiones por carretera y facilitar el transporte de alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Las tareas de emergencia incluyen el traslado de ayuda humanitaria y el seguimiento de las zonas en las que persisten dificultades de acceso. El Gobierno también ha pedido tranquilidad a la población y ha asegurado que mantendrá informados a los ciudadanos sobre la evolución de la situación.

Un terremoto de magnitud 7,5

El terremoto se produjo el viernes 9 de octubre a las 12:56 horas locales y alcanzó una magnitud de 7,5 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró una magnitud de 7,7.

El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el entorno de la península de Azuero y fue seguido por numerosas réplicas, que mantuvieron en alerta a las comunidades afectadas.

Las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando las actuaciones para atender a los damnificados y recuperar los servicios y las infraestructuras perjudicadas. La prioridad inmediata es garantizar la seguridad de la población y facilitar que las familias afectadas puedan recuperar la normalidad.