La UE acuerda endurecer las expulsiones de migrantes y avala los centros de deportación en países terceros

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo político para reformar la normativa de retornos, una medida que endurece las condiciones para las personas cuya solicitud de asilo sea rechazada y que consolida la posibilidad de establecer centros de deportación en países extracomunitarios, siguiendo modelos como el impulsado por Italia en Albania.

El pacto llegó después de resolver las diferencias sobre la fecha de aplicación de la nueva normativa. Mientras la Eurocámara defendía una entrada en vigor más rápida, los Estados miembros apostaban por conceder un margen mayor para su implementación.

Finalmente, la mayoría de las disposiciones comenzarán a aplicarse doce meses después de la entrada en vigor del reglamento, aunque aspectos como la externalización de los centros de deportación y el refuerzo del apoyo de Frontex entrarán en vigor inmediatamente tras la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Más obligaciones para los solicitantes de asilo

La nueva regulación establece que los solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada estarán obligados a colaborar con las autoridades para facilitar su retorno.

Además, contempla la posibilidad de imponer periodos de detención de hasta 24 meses cuando exista riesgo de fuga o falta de cooperación por parte del afectado. Este plazo podrá ampliarse otros seis meses adicionales, alcanzando un máximo de 30 meses, si las autoridades consideran que persisten las circunstancias que dificultan la expulsión.

Estas medidas podrán aplicarse también a familias con menores y menores no acompañados, aunque el texto señala que la detención deberá ser un recurso de última instancia y aplicarse durante el menor tiempo posible, atendiendo siempre al interés superior del menor.

Nace la Orden Europea de Retorno

Otra de las principales novedades es la creación de la Orden Europea de Retorno (ORE), un documento común que permitirá compartir entre los Estados miembros la información esencial sobre las decisiones de expulsión.

El objetivo es facilitar el reconocimiento mutuo de estas resoluciones dentro de la UE y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con las devoluciones.

Por el momento, dicho reconocimiento seguirá siendo voluntario, aunque la Comisión Europea evaluará dentro de tres años si propone convertirlo en obligatorio.

La UE avala los centros de deportación fuera de sus fronteras

El nuevo reglamento también proporciona una base legal para la creación de centros de retorno en terceros países, donde podrán permanecer los migrantes sin derecho a protección internacional mientras se tramita su expulsión definitiva.

Estos centros podrán ser impulsados por un único Estado miembro, por varios países de forma conjunta o incluso por la propia Unión Europea.

La normativa establece que los menores no acompañados no podrán ser trasladados a estas instalaciones, una de las principales salvaguardas incluidas en el acuerdo.

Pendiente de la aprobación definitiva

Aunque existe ya un acuerdo político entre negociadores, el texto deberá recibir todavía la aprobación formal tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de la Unión Europea antes de convertirse definitivamente en ley.

De salir adelante, la reforma sustituirá a la actual directiva de retornos, vigente desde hace casi dos décadas, y supondrá uno de los cambios más relevantes en la política migratoria europea de los últimos años.