El conselleiro de Emprego acota a "infracción administrativa" la presencia de dos trabajadores que "suplantaron su identidad" en la bodega familiar

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha explicado que la bodega que su familia tiene en O Ribeiro, fue sancionada por una "infracción administrativa" en relación a dos inmigrantes que trabajaron en la vendimia de 2025, pero ha asegurado que no había "intención de fraude" ni "conocimiento previo" de la situación de esos temporeros.

González aclaró que la empresa familiar fue sancionada tras una inspección de oficio que se llevó a cabo el año pasado y que certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles. Asimismo, González defendió la "honorabilidad" de la Bodega Casal de Armán, de la que no obstante, se desvinculó hace tiempo y de la que ya no es socio. "Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa", proclamó.

"Error" de la bodega por "confiar en las personas"

Al respecto, explicó lo que él denominó "error" de la bodega por "confiar en que las personas contratadas o puestas a disposición a través de una empresa de trabajo temporal, con la que se habla habitualmente para tener esos temporales de vendimia, tengan esos papeles en regla". José González relató que, cuando la inspección laboral acudió a la viña, constató la presencia de temporeros que "no eran los que estaban en los listados en la empresa de trabajo temporal".

No había "intención de fraude" ni "conocimiento previo" de la situación de esos temporeros

Por consiguiente, informó de que la bodega interpuso una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por "usurpación de la identidad" contra dichos temporeros, una querella que para el conselleiro, "acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación".

"No es una denuncia contra la ETT, sino contra los temporeros que estaban contratados a través de la ETT", aclaró. Asimismo, el conselleiro ha argumentado que la sanción administrativa fue impuesta "en su grado mínimo" y "en la cantidad legalmente mínima", a lo que agregó que "la inspección no apreciaba circunstancias agravantes".

"Es un desgraciado incidente que no tiene nada que ver con la explotación de inmigrantes y que, en todo caso, lo que se hizo desde la empresa es que están siendo más rigurosos en la gestión empresarial para evitar que estos acontecimientos se vuelvan a repetir", expuso.