La acusación popular se opone a archivar la causa por el incendio de Oímbra

La jueza de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Verín decidirá si la instrucción del incendio de Oímbra, ocurrido el pasado verano, debe seguir adelante o por el contrario se sobresee la causa. La postura de las diferentes partes es clara. Por un lado, la defensa y la Fiscalía piden archivar la causa al considerar que no existen pruebas de que el único investigado hubiese incurrido en un delito.

Argumentan que el día que se inició el fuego, el 12 de agosto de 2025, el hombre se encontraba desbrozando siguiendo órdenes de trabajo. Además, ambos señalan que el trabajador no fue avisado de que existiese una prohibición expresa para realizar trabajos de desbroce y aluden a una falta de coordinación entre la Xunta, el Seaga y el Concello de Oímbra.

En el lado opuesto a la petición del archivo se sitúan la acusación particular y la popular. La primera representa a los tres brigadistas heridos el 12 de agosto en las labores de extinción del fuego, quienes tuvieron que ser trasladados al Complexo Hospitalario de A Coruña. La popular la ejerce la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción. Esta última ya se opuso el pasado 9 de julio al archivo de la causa al considerar que la investigación tiene que continuar.

En el caso de la acusación particular, según fuentes consultadas por este periódico, no va a pedir el archivo de la causa. Al no coincidir las partes en su posición sobre el sobreseimiento del caso, la decisión la tendrá que tomar la jueza de la Plaza 1 de Verín.

23.000 hectáreas quemadas

El incendio de Oímbra se convirtió el pasado verano en uno de los más voraces de la historia de España al calcinarse más de 23.000 hectáreas. El punto cero de este fuego se ubicó en la parroquia de A Granxa y desde ahí las llamas avanzaron sin control durante días, llegando incluso a saltar desde un lado al otro de la autovía.

Las consecuencias fueron terribles: casas destrozados, coches calcinados, circulación cortada… Finalmente, el incendio fue extinguido el 31 de agosto tras afectar a nueve Concellos -Oímbra, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val, Baltar y Xinzo de Limia-.