Casa 47: la gran contradicción en política de vivienda de Sánchez

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. Los precios del alquiler continúan disparados, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de jóvenes y familias trabajadoras, y las promesas de Pedro Sánchez de incrementar el parque público de vivienda se acumulan sin que los resultados estén a la altura de las necesidades sociales. En este contexto, el Ministerio de Vivienda ha presentado Casa 47 como una de las grandes soluciones para aumentar la oferta de alquiler asequible. Sin embargo, cuando se analizan los detalles de su puesta en marcha, emerge una realidad que cuestiona seriamente la coherencia y rigor del proyecto.

También asumirán una función clave para el futuro de Casa 47: la gestión de más de 40.000 viviendas reservadas para su transferencia al nuevo instrumento público impulsado por el Ministerio de Vivienda.

La reciente adjudicación del mayor contrato de gestión de la cartera de Sareb, valorado en 174 millones de euros, constituye un ejemplo perfecto de esa contradicción. Según el proceso de licitación, las mejores puntuaciones han sido obtenidas por Servihabitat y Anticipa-Aliseda, dos empresas que, aunque formalmente se presentan como “servicers” inmobiliarios especializados en la gestión de activos, mantienen una estrecha vinculación con algunos de los mayores fondos de inversión internacionales. Servihabitat está controlada mayoritariamente por Lone Star Funds, mientras que Anticipa-Aliseda forma parte del ecosistema empresarial vinculado a Blackstone. Conviene recordar quiénes son estos actores. No estamos hablando de empresas del sector locales ni de operadores públicos especializados en vivienda social. Hablamos de fondos de inversión (fondos buitre como tantas veces manifestaba el sanchismo y sus socios parlamentarios) que han protagonizado durante años algunas de las mayores operaciones inmobiliarias en España y que se han convertido en símbolos de un modelo que entiende la vivienda fundamentalmente como un activo financiero y especulativo.

Por eso resulta llamativo que el mismo Gobierno que denuncia públicamente la especulación inmobiliaria, critica el papel de los grandes fondos internacionales y reivindica el fortalecimiento del parque público de vivienda, termine confiando la gestión de buena parte de sus activos residenciales precisamente a plataformas controladas por esos mismos fondos. La paradoja alcanza su máxima expresión cuando se observa el alcance de los contratos adjudicados. Servihabitat y Anticipa-Aliseda no solo gestionarán una cartera valorada en 4.860 millones de euros destinada a su desinversión. También asumirán una función clave para el futuro de Casa 47: la gestión de más de 40.000 viviendas reservadas para su transferencia al nuevo instrumento público impulsado por el Ministerio de Vivienda.

La vivienda necesita soluciones estructurales, capacidad pública de gestión y una estrategia a medio y largo plazo, tal como se está desarrollando desde la Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda. Medidas implantadas por las cuales más gallegos y gallegas podrán acceder a una vivienda pública y con menos fiscalidad. Lo cual se traduce en un verdadero balón de oxígeno para una penalizada y debilitada clase media y las familias numerosas en la mejora para poder acceder a una vivienda de promoción pública o de promoción autonómica. Ese y no otro es el modelo a seguir.