El debate político sobre la transexualidad

Las personas transexuales son una pequeñísima minoría social, pero todo lo relacionado con este grupo humano se ha sobredimensionado porque resulta útil como ariete para dos ingenierías sociales enfrentadas. A la izquierda “woke” le sirve para epatar, imponer criterio y disciplinar discrepancias. A la derecha “trad” le sirve para restaurar un orden moral coercitivo y presentar la libertad como decadencia. Para ninguno de esos bandos importa el individuo. Como liberal, creo que el asunto no es tan complicado. Para empezar, debe prevalecer la soberanía irrestricta del individuo adulto. Si una persona adulta desea vivir socialmente como hombre o como mujer, modificar su apariencia o su cuerpo, o cambiar su sexo registral, el Estado tiene que respetarlo y no interponerse, guste todo ello a quien guste y disguste a quien disguste. El Estado debe ser neutral en las cuestiones morales personales. Cuanto más íntima es una decisión, menos legítima es la interferencia pública. John Stuart Mill lo escribió con claridad: el poder sólo puede ejercerse legítimamente sobre alguien contra su voluntad para evitar daño a terceros, no para imponer una idea de “vida correcta” que siempre será subjetiva.

La autodeterminación registral es exigible: los documentos públicos deben reflejar la realidad social con la que una persona decide identificarse. Eso no impide una solución pragmática: que el registro mantenga, cuando sea necesario para ciertos efectos jurídicos tasados, una anotación histórica sobre el sexo al nacer, accesible sólo bajo tutela judicial por motivos sanitarios, criminológico, etc. El cambio de adscripción siempre debe ser decisión del individuo adulto, no un privilegio concedido ni condicionado por el Estado. Otro debate frecuente es el de los baños, vestuarios, refugios, alojamientos o prisiones. Creo que debe decidir cada propietario o gestor, no el legislador. No hay que legislarlo todo en esta vida. La solución más sensata en la práctica es ampliar la oferta: espacios unisex o cabinas individuales, o bien una tercera opción adicional a las dos actuales cuando el establecimiento lo considere oportuno. Lo que no tiene sentido es que el parlamento legisle el plano de los baños. El deporte es el campo donde el conflicto es más comprensible porque puede vulnerarse la justicia competitiva. Hay que evitar situaciones donde alguien compita con ventaja relevante por motivos físicos, ya se deba a un cambio de sexo o a cualquier otro motivo. Pero nuevamente, esto no debería resolverse por ley, sino por decisión de cada federación o liga.

La cuestión más polémica es qué hacer con los menores, su transición y los tratamientos médicos. Entra en juego la tutela, junto con la irreversibilidad potencial de ciertos pasos. Por eso resulta preocupante la sobrerreacción simétrica: unos quieren prohibiciones generales y otros buscan una afirmación automática. La posición liberal coherente es más humilde: decisión clínica individualizada, con protagonismo de la familia y de los equipos médicos, con escucha real del menor y con participación suficiente de psicólogos, y por supuesto con la máxima prudencia en lo irreversible, pero sin excluirlo tampoco legislativamente. Dependerá del caso. No existe una decisión general que deba aplicarse en todos los casos. Y cuando la política pretende resolverlo todo con una sola fórmula, lo que hace es colonizar la medicina, la psicología y la soberanía parental. Es un debate similar al de la eutanasia en menores, y la decisión liberal es negar al Estado competencias y dárselas a los adultos tutores y a los científicos implicados en cada caso particular, con segundas opiniones y sistemas de apelación, es decir, con garantías razonables pero sin leyes intrusivas.

Si hay un terreno donde se ve el choque en materia de transexualidad es la educación, pero eso se debe una vez más a su colonización estatal. Se necesita pluralismo educativo real, competencia entre centros y capacidad efectiva de las familias para elegir, por ejemplo mediante cheque escolar. No debe haber un currículo estatal forzoso para “construir” una antropología oficial, sea progresista o tradicional. Si una familia quiere un enfoque, que lo elija. Si prefiere otro, que el mercado pueda proveerlo. Por otro lado, debemos preservar la libertad de expresión y el debate científico. Se puede defender la dignidad de las personas trans y, al mismo tiempo, discutir marcos legales, protocolos médicos o categorías deportivas. Sin discusión abierta, sólo quedan dogmas. Y cuando una sociedad sustituye el argumento por el anatema, pierde la libertad: el bien más preciado.

La conclusión práctica sobre la transexualidad es menos épica de lo que unos y otros desean: menos Estado, más sociedad civil; menos moralina legislativa, menos guerra cultural, más protección efectiva del individuo y de su soberanía. Y un recordatorio incómodo para ambos bandos: instrumentalizar a una minoría para imponer un proyecto colectivo, sea “woke” o “trad”, ni es progreso ni tradición. Es una forma moderna de sometimiento del individuo, y eso es inaceptable.