Más dinero para los ayuntamientos

Debe recibir lo mismo por habitante un municipio urbano y en crecimiento que otro envejecido, disperso y que pierde población? Detrás de esa pregunta se encuentra un importante problema de la organización territorial de Galicia: los ayuntamientos son la administración más próxima al ciudadano, reciben cada vez más demandas y, sin embargo, una parte considerable de sus recursos depende de mecanismos diseñados para una realidad municipal que ha cambiado.

El debate abierto en Galicia con la reforma de la Ley de Administración Local (LALGA) permite observar esa situación. La norma vigente nació hace casi tres décadas, cuando la estructura demográfica, las necesidades sociales y hasta la relación cotidiana entre los ciudadanos y las administraciones eran diferentes. Desde entonces Galicia ha envejecido, buena parte de su territorio interior ha perdido habitantes, la población se ha concentrado alrededor de las áreas urbanas y del eje atlántico y la revolución digital ha transformado tanto la gestión pública como las expectativas de quienes utilizan sus servicios.

La primera dificultad consiste en aceptar que un habitante no cuesta lo mismo en todas partes. Dos municipios con idéntica población pueden necesitar cantidades diferentes para proporcionar servicios comparables. Si 10.000 vecinos viven concentrados en pocos kilómetros cuadrados, las redes de agua y saneamiento, la recogida de residuos, el transporte, el alumbrado o el mantenimiento viario pueden organizarse con economías de escala. Si esos mismos 10.000 habitantes están repartidos entre decenas o centenares de núcleos, las distancias aumentan, las infraestructuras se multiplican y cada servicio resulta más caro.

El número de habitantes pesa, pero la dispersión, el envejecimiento y la población flotante condicionan la prestación de los servicios

Galicia lleva esta dificultad al extremo. Sus 313 municipios reúnen desde ciudades y áreas metropolitanas como Vigo, A Coruña y Ourense densamente pobladas hasta pequeños concellos rurales con una población envejecida y extendida sobre territorios de considerable superficie. La igualdad financiera, por tanto, no consiste en entregar la misma cantidad por habitante. En determinadas circunstancias puede exigir justo lo contrario: reconocer que garantizar servicios públicos semejantes obliga a gastar cantidades diferentes. Otra cosa es si eso es un modelo de futuro para Galicia. Por fortuna para Vigo y A Coruña, su futuro no depende de la Xunta, sino de sus propios recursos y de los procedentes del Estado.

Contar habitantes constituye un punto de partida, pero no será el criterio dominante de la Xunta para medir las necesidades. En juego está la combinación de población con dispersión, superficie, envejecimiento, estructura territorial, pérdida demográfica y otros factores que determinan el coste real de los servicios. Pinta que en esto el rural saldrá ganando.

A la dispersión se suma el envejecimiento. Un municipio con una proporción elevada de mayores afronta necesidades distintas de otro con una estructura demográfica joven. Cambian las demandas de movilidad, atención social, accesibilidad, ayuda domiciliaria y proximidad de los servicios. Es más: cuando un ayuntamiento pierde habitantes, disminuyen algunos de sus ingresos, pero no desaparecen en la misma proporción las carreteras, las redes de abastecimiento, los centros públicos o las instalaciones que debe conservar. Hay costes que permanecen, aunque disminuya el padrón.

@J_L_Gomez