Enchufismo, veneno estatal

Hay corrupciones que hacen ruido: sobres, comisiones, escándalos y dimisiones. Hay otra tan peligrosa como las anteriores, casi nunca ocupa portadas porque se ha convertido en costumbre: el nepotismo y el enchufismo. Esa forma de poder que no necesita robar a mano armada, porque le basta con algo más simple y más ruin: repartir lo público como si fuera suyo.

El enchufismo no es un “detalle”, ni una “excepción”, ni un “caso aislado”. Es una forma de gobierno. Una manera de construir redes, pagar favores y asegurar obediencias. Y, de paso, mandar un mensaje brutal a la sociedad: “Aquí no asciende el mejor; asciende el más fiel.”

Cuando un gobierno coloca a familiares, amigos, militantes o aduladores en puestos pagados con dinero público, no está gestionando: está ocupando. Está convirtiendo la institución en un cortijo donde el mérito estorba y la independencia molesta. Porque el profesional competente pregunta, exige, revisa y no se deja manipular. El enchufado, en cambio, agradece, calla y aplaude.

Y así se crea una maquinaria perfecta: cargos de confianza, asesores, estructuras paralelas, chiringuitos con nombres rimbombantes, fundaciones, observatorios, “coordinaciones” y “comisiones” que nadie ha pedido. Todo muy moderno, muy técnico, muy bien envuelto. Pero la realidad es vieja: colocar a los tuyos para controlarlo todo.

Un país que tolera el enchufismo no es práctico: está renunciando a su dignidad

El truco del enchufismo es que muchas veces no es ilegal. Se mueve en zonas grises, en reglamentos flexibles, en “procedimientos” diseñados para justificar lo injustificable. Pero que no sea delito no lo convierte en decente. No hace falta una condena para reconocer un abuso.

Y además, el enchufismo tiene una ventaja: es difícil de demostrar y fácil de negar. Siempre hay una excusa preparada: “Tiene experiencia” (aunque no se sepa en qué); “es un perfil técnico” (aunque sea un militante reciclado); “es un puesto temporal” (aunque se eternice); “es de confianza” (como si la confianza fuera un título académico).

El enchufismo se paga dos veces: con impuestos y con servicios mediocres. Porque cada puesto regalado es un puesto que no se cubre por mérito. Cada asesor innecesario es un presupuesto que no llega a donde hace falta. Y mientras el gobierno se llena de “estructuras”, el país real se vacía de soluciones: listas de espera, burocracia infinita, trámites absurdos, ventanillas colapsadas, gente desesperada porque nadie responde.

Se recauda como si fuéramos una potencia, pero se gestiona como si estuviéramos improvisando cada mañana. Pero lo peor del nepotismo no es solo económico. Es moral. Es cultural. Es un veneno lento que destruye la idea de justicia. Porque cuando el enchufe se convierte en norma, el mensaje para el ciudadano es devastador: no importa lo que sepas, importa a quién conoces.

¿Para qué estudiar? ¿Para qué opositar? ¿Para qué emprender? ¿Para qué esforzarse? Si el ascenso depende del carnet, del apellido o de la foto con el jefe. Y así, los buenos se cansan, los capaces se van, los honestos se apartan… y los mediocres se quedan mandando. Eso no es solo injusto: es suicida como país.

Además, el enchufismo no se usa solo para “ayudar a los amigos”. Se usa para algo más serio: controlar la institución. Porque quien entra por enchufe rara vez muerde la mano que lo alimenta. Y así se construye una administración obediente, sumisa y silenciosa. Una administración que no fiscaliza, que no alerta, que no se enfrenta a decisiones absurdas.

El ciudadano cree que tiene un Estado que lo protege, pero en realidad tiene una estructura diseñada para proteger al poder.

Un gobierno que enchufa no es un gobierno que se equivoca: es un gobierno que se aprovecha. Y un país que tolera eso no está siendo pragmático: está renunciando a su dignidad.