Las encuestas del CIS de Tezanos, un problema institucional

Hay encuestas que sorprenden, otras que desconciertan y algunas que, sencillamente, nadie se cree. La última publicada por el CIS, otorgando casi nueve puntos de ventaja al PSOE sobre el PP, pertenece sin duda a esta última categoría. No porque sea imposible que el partido en el Gobierno vaya por delante, sino porque el resultado desafía no solo el clima social perceptible, sino también la práctica totalidad de los estudios demoscópicos independientes.

Cuando una anomalía se repite una y otra vez, deja de ser una anomalía y se convierte en un patrón. Y eso es exactamente lo que ocurre con las encuestas del CIS bajo la dirección de José Félix Tezanos: una sucesión ininterrumpida de sondeos que, elección tras elección, crisis tras crisis, escándalo tras escándalo, sitúan al PSOE en una posición privilegiada que luego rara vez se corresponde con la realidad de las urnas.

Mi esperanza -cada vez más firme- es que algún día esta práctica sea examinada con el rigor que merece. No desde la trinchera partidista, sino desde el Derecho.

El problema ya no es metodológico. Es institucional. Porque el CIS no es una empresa privada ni un gabinete de partido: es un organismo público financiado con los impuestos de todos los ciudadanos. Y cuando ese dinero se utiliza para fabricar un relato político favorable al Gobierno, la pregunta es inevitable: ¿se está cumpliendo la finalidad pública para la que se asignan esos recursos?

Mi esperanza -cada vez más firme- es que algún día esta práctica sea examinada con el rigor que merece. No desde la trinchera partidista, sino desde el Derecho. Porque si se demostrara que se han empleado fondos públicos para manipular de forma sistemática la opinión pública, estaríamos ante algo que va mucho más allá del sesgo ideológico: estaríamos ante una posible responsabilidad por malversación de caudales públicos.

No se trata de criminalizar la discrepancia ni de exigir encuestas “favorables a unos u otros”. Se trata de exigir honestidad, neutralidad y respeto al ciudadano. Convertir el CIS en una herramienta de propaganda es degradar una institución clave del sistema democrático y, de paso, insultar la inteligencia de una sociedad que ya no acepta que le vendan ficción estadística como ciencia social.

La democracia no se defiende inflando encuestas, sino respetando la verdad, incluso cuando resulta incómoda. Y ojalá llegue el día en que quienes han confundido el servicio público con la militancia política tengan que dar explicaciones claras, detalladas y, si corresponde, con consecuencias jurídicas.

No por venganza, simplemente por dignidad democrática.