El Gobierno reabre el debate sobre la prórroga de los alquileres

El Gobierno de coalición ha decidido dar un nuevo impulso a su política de vivienda con una medida que ya generó una intensa polémica hace apenas unos meses: la prórroga automática de los contratos de alquiler. La propuesta se incluye en el borrador del nuevo real decreto de vivienda que el Ejecutivo pretende aprobar en el Consejo de Ministros, y que después deberá ser convalidado en el Congreso a la vuelta de las vacaciones parlamentarias.

Según han avanzado fuentes gubernamentales, la nueva prórroga sería de hasta dos años adicionales para todos los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028, siempre que el inquilino lo solicite. En algunos casos, esto podría significar que la extensión llegase hasta mediados de 2030. Los promotores de la medida calculan que podrían beneficiarse alrededor de cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares, en un contexto de precios altos y escasez de oferta en el mercado del alquiler.

La medida no está exenta de críticas. Expertos del sector inmobiliario y economistas advierten de que una nueva prórroga forzosa podría tener efectos contraproducentes.

El Congreso ya tumbó una prórroga parecida en abril, apenas un mes después de su puesta en marcha. Por eso, ahora el Ministerio de Vivienda, estudia incluir bonificaciones fiscales para los propietarios o medidas que faciliten la compra de vivienda, como la recuperación de ciertas deducciones en el IRPF.

En este sentido, se ha llegado a plantear incluso la recuperación de la deducción por vivienda habitual, que desapareció en 2013 y que permitía a los contribuyentes minorar parte de las cuotas hipotecarias en la declaración de la renta.

Por otra parte, se valora limitar la prórroga automática a aquellos inquilinos que estén al corriente de pago durante al menos los doce meses anteriores a la solicitud de la extensión.

No obstante, la medida no está exenta de críticas. Expertos del sector inmobiliario y economistas advierten de que una nueva prórroga forzosa podría tener efectos contraproducentes. Esto podría provocar una reducción aún mayor de la oferta de viviendas en alquiler y desincentivar la inversión, especialmente de pequeños propietarios.

La nueva prórroga de los alquileres refleja un dilema: cómo proteger a los inquilinos en un mercado tensado por la falta de oferta y los precios altos, sin desincentivar aún más a los propietarios. La medida puede dar estabilidad a muchas familias a corto plazo, pero corre el riesgo de reducir la confianza de los inversores y contraer todavía más el parque de viviendas disponibles.

El éxito del decreto dependerá, en última instancia, de si el Ejecutivo logra un equilibrio entre protección social y seguridad jurídica.