El juez incómodo y el ministro imprudente

En una cafetería cualquiera, podría ser en Madrid, en Santiago o en cualquier otra ciudad donde el café se enfría mientras se “arregla” el país, en dos mesas separadas por apenas un metro, parecen vivirse universos paralelos. En una, un hombre defendía con convicción que “por fin hay jueces valientes que se atreven con todo”. En la otra, alguien respondía casi al mismo volumen: “Esto es una persecución política de manual”. Ninguno de los dos se había leído el auto judicial. Ninguno parecía necesitarlo.

La escena, trivial en apariencia, resume mejor que cualquier editorial el estado de salud de nuestra conversación pública. En España se discute incluso sobre las decisiones judiciales más fundamentadas, y al juez se le convierte ya no en un árbitro, sino en un sospechoso. Héroe institucional para unos, instrumento de oscuros intereses para otros, con una credibilidad que no depende de la solidez de sus argumentos, sino de a quién incomoda.

La Justicia, que debería ser, a ojos de la sociedad, el espacio donde los hechos se ordenan y las responsabilidades se delimitan, se ha convertido en un campo de batalla más. No importa tanto lo que se decide como el contexto en el que se interpreta. Y ese contexto está previamente contaminado por una lógica de bandos donde todo encaja, siempre, en el relato propio.

En ese ecosistema, el matiz es un estorbo. Si una decisión afecta a “los tuyos”, se activa automáticamente el recelo: hay motivación política, hay intención oculta, hay arbitrariedad. Si afecta a “los otros”, se invoca la independencia judicial como si fuese un dogma incuestionable. La coherencia, como tantas otras cosas, se ha convertido en un lujo prescindible.

Pero hay un salto cualitativo que debería preocuparnos más que el ruido de tertulia o el exabrupto partidista: cuando quien entra en ese juego no es un opinador ni un portavoz, sino el propio responsable político de la Justicia. Cuando el titular del Ministerio de Justicia se permite cuestionar públicamente la actuación de un juez en un caso concreto, el problema deja de ser de tono para convertirse en un problema institucional.

Porque en ese gesto no solo hay una opinión, hay una posición de poder. Y cuando el poder ejecutivo proyecta sospecha sobre decisiones judiciales concretas, lo que se resiente no es únicamente la reputación de un juez, sino el principio mismo de separación de poderes. No hace falta invadir formalmente la independencia judicial para debilitarla, basta con erosionar su legitimidad ante la opinión pública.

Quizá el problema no sea que existan ataques a los jueces. En una democracia madura, las instituciones deben soportar escrutinio y crítica. El problema es que ese escrutinio ya no distingue entre análisis y deslegitimación. Y, sobre todo, que empieza a emanar desde dentro del propio sistema.

Volviendo a la cafetería, lo más probable es que ambas mesas se levantasen convencidas de haber ganado la discusión. No porque hubiesen contrastado argumentos o revisado hechos, sino porque habían reafirmado sus certezas. Es ahí donde se juega hoy buena parte del debate público, no en la búsqueda de la verdad, sino en la confirmación de lo que ya se cree.

Como escribió Jonathan Swift, con una lucidez que sigue resultando incómoda: “Es inútil intentar hacer razonar a un hombre sacándolo de algo a lo que nunca llegó razonando”.